Xalapa.- A raíz de una denuncia de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la que lo involucran, con relación al reembolso de recursos públicos a la Tesorería de la Federación, y con el fin de conocer de primera mano, su postura al respecto, Palabras Claras entrevistó en su despacho de la ciudad de Xalapa, al contador público Iván López Fernández, quien fuera el primer contralor del estado en el gobierno de Javier Duarte, hasta el mes de octubre de 2013.
Iván López se ha dedicado a la contabilidad y auditoría empresarial y gubernamental, desde hace más de 30 años. Contador Público, Maestro y Doctor en Auditoría por la UNAM, fue el primer gerente en el estado, de la empresa de consultoría internacional Price Waterhouse Coopers. Ya en su propia firma, brinda este servicio a clientes de la iniciativa privada y a instituciones en el país.
Claro al señalar que ha sido disciplinado, que no ha filtrado ninguna información de la administración estatal y que no ha buscado un acercamiento con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, Iván López Fernández, reitera que el desorden administrativo que hoy vive Veracruz, es culpa de la simulación administrativa, de quienes lo sucedieron en la Contraloría.
He aquí las preguntas que amablemente ha contestado.
Nos puede decir ¿cómo fue su gestión como Contralor General del Estado?
A mí me tocó recibir la oficina el primer día del gobierno de Javier Duarte. Llevamos a cabo la entrega recepción sin ningún contratiempo; no hubo ningún asunto que presentara alguna complicación. A casi tres años de haber dejado la Contraloría General del Estado, puedo afirmar que se cumplió con la ley y la normatividad, y si bien no se logró la eficiencia al 100 por ciento, sí se pudieron solventar las observaciones que hiciera la ASF al gobierno de Veracruz, en su momento. En ese tiempo, dimos énfasis a la auditoría social y creamos más de 1,000 comités de auditoría en colonias y localidades que ayudaban a supervisar el Programa Adelante y las demás acciones del Gobierno. También buscamos la profesionalización de los servidores públicos, revisando que todos tuvieran cédula profesional. Algunos tuvieron que irse por no contar con ella.
Lo que haya pasado después de mi gestión lo desconozco, no sé qué pasó, pero mientras yo estuve al frente de la Contraloría se trabajó, había control administrativo, y sobre todo, no había simulación.
¿Cuál es el estado que guarda la denuncia penal en su contra?
De la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República, me siento tranquilo. He demostrado que no tengo responsabilidad alguna de lo que me tratan de implicar, y también he evidenciado que algunos funcionarios de la Auditoría han excedido funciones.
Desconozco la razón por la cual fui involucrado en la denuncia de los reembolsos que exige la ASF al Gobierno de Veracruz, pues cuando inició el proceso del que se me acusa éste ocurrió en el año 2014, y yo dejé el cargo en octubre de 2013.
Yo no sé si esto sea un tema político o un error de funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, pero lo que sí puedo dejar en claro es que la gente de la PGR ha estado muy receptiva y ha entendido perfectamente que yo no estuve involucrado, porque me preguntan por temas, de los cuales desconozco porque yo ya no estaba en el gobierno.
El origen de la denuncia se deriva de la exigencia de la Auditoría Superior de la Federación al reembolso de fondos federales. Cuando yo estuve al frente de la Contraloría General del Estado llevé a cabo los procesos para que la Secretaría de Finanzas y Planeación hiciera las transferencias correspondientes, hecho que posteriormente me fue certificado por los auditores federales, recibiendo el acta de cierre correspondiente.
Lo que haya pasado después con ese dinero, por parte de la Sefiplan lo desconozco, porque la normatividad ya no me exigía verificar lo ocurrido o lo que hayan acordado funcionarios de esa dependencia.
Hasta octubre de 2013 verifiqué que ante cada reembolso exigido por la ASF, se hiciera el mismo y se cumpliera en tiempo y forma. Sin embargo, posterior a eso, ya no tenía ninguna competencia o injerencia para seguir realizando observaciones de ningún tipo.
Se habla de la existencia de una minuta en que se compromete la devolución de recursos a la Tesorería de la Federación. ¿Qué sabe de ello?
Después de que dejé el cargo, funcionarios de la ASF hicieron una minuta en la que establecieron plazos para el pago de dichos reembolsos, donde por parte del Gobierno de Veracruz firmaron los entonces contralor Mauricio Audirac Murillo y el titular de Sefiplan, Fernando Charlestón Hernández, además del titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
Esa minuta fue ilegal. La Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para fijar plazos para los reembolsos, eso le corresponde a la Tesorería de la Federación. Sin embargo, un funcionario de la ASF, de apellido Tristán, exime de responsabilidad a los funcionarios estatales. Ese señor se convirtió en juez y parte, sin tener facultades para ello, y prueba de eso es que sus minutas no tienen copia a nadie; solo las conocen los involucrados.
Esta irregularidad la pude constatar hasta que fui denunciado y pude tener conocimiento del expediente y verificar que esa minuta fue el origen de que ahora yo esté señalado.
La minuta, firmada en agosto de 2014, además de ser ilegal, corresponde a un periodo en el cual yo ya no estaba al frente de la Contraloría General del Estado.
Por eso cuando me preguntaron los agentes ministeriales si sabía de las irregularidades y de los reembolsos, les dije que sí y que había solventado todo. Pero cuando me vuelven a preguntar qué pasó en los años siguientes con los reembolsos de 2013 y 2014, les dejé en claro, que para ese entonces, yo ya no estaba al frente de la Contraloría y que desconocía qué se había hecho.
De acuerdo, entonces díganos ¿cuál es su posición respecto a esa denuncia en su contra?
Me siento tranquilo respecto a la denuncia, pero igualmente me interesa solucionarla y que quede aclarada, para que no se empañe mi vida profesional.
Quiero decirte que no me siento perseguido política o legalmente. Y estoy cooperando para solucionar un asunto de carácter técnico y administrativo.
Si hay gente detrás de esta situación, pues yo diría que es el actual contralor, porque él fue quien dio la información a la Auditoría Superior de la Federación para preparar la denuncia, pero le dio información incorrecta e imprecisa, porque no me pueden acusar por algo que no ocurrió en mi gestión.
¿Esta situación, se debe a un posible acercamiento con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, o a alguna filtración de información?
No tengo idea, pero yo soy una persona disciplinada. Conozco a Yunes Linares desde hace muchos años y tenemos varios amigos en común, pero debo decir que son ya muchos años en los que no hemos coincidido y ni siquiera nos hemos saludado.
Sobre la idea de las filtraciones, niego rotundamente estar filtrando información con la posibilidad de ser tomado en cuenta como un posible aspirante a ser auditor general del Órgano de Fiscalización Superior. No es algo que me ocupe en este momento, aunque debo ser claro, que sí sería una aspiración profesional que tengo.
Debo recordarles que en cada uno de los procesos de selección para auditor general del Orfis, he participado y he llevado los papeles para ser tomado en cuenta por el Congreso local, pero nunca he sido seleccionado, situación que he respetado por las personas que han ocupado dicho organismo.
No es mi ocupación, ni mi preocupación llegar al Orfis, como tampoco mi intención es quedar bien con Miguel Ángel Yunes Linares. Quienes lo hagan creer, son personas con intereses políticos, que han vivido de la política, que ven un futuro político en atacarme, pero yo no soy político, yo soy un técnico de la contabilidad, soy auditor desde hace poco más de 30 años.
Entonces, ¿a quién le corresponde aclarar este tema de reembolsos a la TESOFE?
El caso de las denuncias por reembolso, es algo que le corresponde aclarar y solucionar al actual titular de la Contraloría General del Estado, Ricardo García Guzmán, y no a uno de sus asesores, que intenta violar la ley reiteradamente.
Es preocupante leer en los medios de comunicación, que un asesor como Miguel Gómez Malagón, sin facultades legales, filtre información en la que asegura que está coordinando el tema de las denuncias por reembolso, porque deja entrever que se está actuando por encima de toda normatividad y de la propia PGR, de la Auditoría Superior de la Federación y hasta de su propio jefe el contralor general. Si se fijan bien, esta es una pequeña muestra de la simulación administrativa de la que tanto he hablado.
Ya están preparando nuevas denuncias por estar actuando de esa manera. La PGR no se coordina con nadie del gobierno del estado; Mauricio Audirac no exigió ni sancionó a ningún funcionario por el reintegro que debía realizarse a la Tesorería de la Federación.
Ricardo García Guzmán realizó actuaciones falsas ante el gobernador Javier Duarte y la gente que tenía la obligación de dar seguimiento al convenio de reembolsar. Además el órgano de fiscalización en Veracruz, a cargo de Lorenzo Antonio Portilla, presenta resultados distintos a los de la Auditoría Superior de la Federación, puntualizó.
Fotos Saúl Ramírez
