El 27 de agosto de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio el banderazo de inicio de la construcción de la autopista Laguna Verde-Gutiérrez Zamora en el estado de Veracruz. Ese día por la mañana, su titular anunció que la vía de comunicación empezaría a operar en agosto de 2017. Pero esto no ha sido posible porque después de tres años, los trabajos siguen en proceso en el tramo que inicia en la planta nucleoeléctrica y que termina en la ciudad de San Rafael.
El 14 de mayo de 2018 se inauguraron los 48 kilómetros concluidos desde esa ciudad hasta el poblado de Totomoxtle, perteneciente al municipio de Gutiérrez Zamora, quedando pendiente desde esa fecha, la entrega de los 81 kilómetros restantes, trayecto que cruza por municipios como Alto Lucero, Emilio Carranza, Misantla, Nautla y el propio San Rafael.
Los 129 kilómetros de la ruta están a cargo de una concesionaria en la que participa la empresa portuguesa Mota-Engil. Del costo total de la obra (4,640.1 millones de pesos), el gobierno de la república aportó 827 millones de pesos a través del FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura), un fideicomiso en el que participan BANOBRAS y las secretarías de Hacienda y Comunicaciones y Transportes.
En agosto de 2015 el fideicomiso entregó los 827 millones a la empresa concesionaria en calidad de subvención no recuperable. De acuerdo con el reporte financiero al día de ayer, mostrado en la página web del Fondo, se informa que la autopista tiene un avance del 88.56%. La concesión por treinta años concluye el 30 de julio de 2044.
Pero las obras que se observan en campo difícilmente tienen un avance como el que se afirma. Por otro lado, el tramo concluido representa un poco más de la tercera parte de la extensión total.
Te puede interesar: OBRA PÚBLICA PARA MEJORAR LA ECONOMÍA
Como lo señalan las disposiciones legales, es menester que la SCT, la Secretaría de la Función Pública y la SHCP llamen a cuentas a la Concesionaria y la apuren a concluir la autopista en el tramo no entregado. Y que esas dependencias cumplan con las recomendaciones de transparencia y eficiencia que debiera tener el FONADIN.
827 millones de pesos no pueden continuar en el limbo financiero, cuando esa obra se aprobó porque según sus promotores tenía importante rentabilidad económica y alto impacto social. Durante su proceso de planeación, se calculaba un aforo diario de 3,500 vehículos, suficientes para justificar la inversión y su tasa de retorno.
Seis años han transcurrido para una obra que vincularía al centro del estado con el norte y con la red carretera hasta Tampico y Monterrey. Los trabajos se iniciaron con el fallecido secretario Gerardo Ruiz Esparza, en el gobierno anterior. Ya en este régimen, la continuó Javier Jiménez Espriú hasta el 23 de julio anterior, toda vez que desde esa fecha fue sustituido por Jorge Arganis Díaz Leal, actual responsable.
Ojalá y la autopista pueda ser inaugurada bajo la supervisión de este titular de la SCT, que no continúe presa de la burocracia, y pueda ser incluida en el tercer informe de gobierno de AMLO el año próximo, considerando que en el que entrega este día ya no fue posible.
La población seguirá esperando la conclusión de una importante obra carretera que es vital para la comunicación moderna y fluida del norte de Veracruz.
