Los afectados por recientes invasiones en Coatepec sienten como esperanza de solución el anuncio de que el presidente de la república viene el sábado y domingo a Veracruz. El ejecutivo federal ha dicho que evaluará avances de los programas de su administración, puntualizando que estará en la zona del conflicto para escuchar a las partes y tomar la decisión pertinente.
Los que cuenten con documentos que acrediten la propiedad no tendrán nada que temer. Y los empresarios de la invasión, coludidos a veces con malos funcionarios para ocasionar problemas a la sociedad, podrán ir viendo a dónde dirigir sus iniciativas políticas y comerciales.
Se trata de la invasión de terrenos boscosos en el sitio conocido como Jinicuil Manso, que tiene como ilegítimo propósito el de impulsar una manoseada solicitud de dotación de tierras por dos mil hectáreas, presentada ante la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano (SEDATU), que inexplicablemente dio una orden de deslinde de terrenos.
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500 predios de propiedad particular ubicados en una zona de bosque de niebla, donde se genera mucha del agua que se consume en Xico, La Antigua, Coatepec y Xalapa. Es un territorio de alta importancia ecológica e hidrológica, en una de las pocas manchas que quedan de bosque mesófilo de montaña del país, donde se ubican cinco unidades de gestión ambiental, que están incluidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Capital.
A partir de la invasión de 20 hectáreas en enero de 2019, los propietarios afectados han interpuesto sendas denuncias ante la Fiscalía de Coatepec, que tienen como propósito la averiguación pertinente y el desalojo pacífico de los invasores.
Pero la tardanza mostrada por las autoridades de SEDATU, Fiscalía General, Gobierno del Estado de Veracruz y la propia SEMARNAT, hacen pensar que algo turbio se cocina, quizá pretendiendo desconocer derechos jurídicos sobre la tierra y alentar la criminal destrucción del bosque.
Es importante mencionar que los propietarios de la tierra y 30 organizaciones ambientales como Pronatura, LAVIDA, CEMDA, INECOL e investigadores de la Universidad Veracruzana, están considerando tomar otras medidas de apremio y lucha que permitan salvaguardar esa riqueza natural.
Otro problema que deberá analizar López Obrador es el relacionado con la insistente solicitud de la población de Alto Lucero, Actopan y varios municipios, de organizaciones ambientalistas como PRONATURA, CEMDA y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental, que coordina Guillermo Rodríguez Curiel, quienes exigen la anulación de la concesión minera de oro y plata del proyecto “Caballo Blanco” (también bautizado con otras amañadas denominaciones) en el Cerro de La Paila, frente a Laguna Verde.
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El tercer tema de alto interés de los veracruzanos es la petición de reclasificar las tarifas de electricidad, para tener el beneficio que ya obtuvo el estado de Tabasco en 2019. El de la disminución de tarifas es un movimiento social surgido hace más de 20 años en el municipio de Actopan. Su dirigente Francisco Fernández Morales (El Potro) cuenta con miles de adheridos de 23 municipios que participan en la lucha para conseguir tarifas de energía accesibles a la economía familiar.
El país espera que el presidente muestre empatía con los movimientos ciudadanos y con los activistas de derechos humanos y ambientales. La trágica numeralia de los asesinatos y desapariciones en los tres últimos años es superior a 50 crímenes contra personas que lideran estos asuntos en México.
La sociedad agradece que estos temas estén en la visión y en la cabeza de López Obrador, pero lo que necesitan es la respuesta pronta y sensible en favor de los veracruzanos.
