El procurador veracruzano del medio ambiente–Sergio Rodríguez Cortés—no ha sido capaz de mostrar interés real en parar la destrucción del bosque de niebla que se lleva a cabo en pequeñas propiedades de la ahora denominada sierra alta de Coatepec. Y después de la visita de López Obrador a Xalapa, pareciera que el gobierno del estado y la propia federación están tolerando un crimen ecológico que muestra signos de corrupción que se quieren justificar con argumentos legaloides y “sociales”.
Lo que sí practica este audaz ingeniero, es hacer labor de espionaje en los municipios para identificar obras, proyectos de inversión y apertura de negocios, a los que irremediablemente llegará su equipo con amenaza de detener operaciones u obras por supuestos incumplimientos o irregularidades de Ley. Después de que la gente de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) hace calculada presencia en esos sitios, el habilidoso funcionario cuitlahuista aparece y se manifiesta como el molesto polluelo que comienza a piar con insistencia, buscando que le alimenten su voraz apetito.
Cuentan que así actúa este negociante procurador, quien, a decir de los denunciantes, ha podido conseguir cifras hasta por 900 mil pesos, por no clausurar definitivamente infraestructuras o edificaciones. Un eficiente mecanismo para expoliar, abusando del cargo.
Con ese modus operandi, el fotogénico personaje de los billetes sobre el colchón, ha establecido boyante área de trabajo en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río. En estas semanas ha detenido obras de pavimentación, ha acudido a entrevistas periodísticas y ha seleccionado interesantes prospectos de ingresos: el ayuntamiento porteño, APIVER y diversas empresas de la zona.
Ha podido vender su discurso y generar temor gracias a que los visitados por él, lo ven caminar orgulloso y seguro al lado de Cuitláhuac García o de Éric Cisneros, quienes posiblemente ignoren sus tretas y alcances. El ingeniero ha descubierto un jugoso sistema de dividendos y asociaciones oscuras en torno a los tiraderos de basura, como es el caso del relleno sanitario de Veracruz.
Para procurarse más y mejor el ambiente, Sergio aduce que la API-Veracruz y varias empresas concesionarias del puerto, deben afrontar económicamente la operación del relleno sanitario municipal, o por su palabra, pretender construir uno específicamente dentro de la poligonal del puerto. El ingeniero habla con desparpajo de una Ley de Puertos que no entiende o no ha leído. El precepto legal mexicano es clarísimo en su articulado y está debidamente plasmado en el Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2016-2021, aprobado oficialmente por SCT, previa opinión de SEMAR, SEDATU y SEMARNAT.
Te puede interesar: Llueven denuncias por abusos y componendas del Procurador de Medio Ambiente en Veracruz
El Plan Maestro tiene como objetivo fundamental el de identificar y hacer públicas las acciones que garanticen el adecuado desarrollo de la infraestructura de los servicios portuarios y su zona de influencia.
La ley de puertos mexicanos trata ampliamente el tema en los artículos 41 y 42 y establece la posibilidad de crear una comisión consultiva con la participación del gobierno del estado, el ayuntamiento, las cámaras, los usuarios, las concesionarias y diversas autoridades, con fines de protección al ambiente y el equilibrio ecológico, cuyas decisiones deberán ser por mayoría de votos. En su artículo tercero señala que los puertos son competencia exclusiva de los poderes federales.
Lo que sí puede hacer el creativo Sergio, es promover esa comisión consultiva. Y las autoridades del Puerto, podrían elaborar un programa de manejo integral de residuos sólidos que se generen en las instalaciones, para proceder a su separación, reduciendo el envío al relleno sanitario. Igualmente, y como ocurre en otros puertos del país, acordar con el ayuntamiento un apoyo compensatorio para la operación o mantenimiento de dicho relleno. Se sabe que APIVER siempre ha participado en prácticas ambientales sostenibles y en acciones compensatorias de beneficio social. Y no sería mala idea que la institución gestionara las certificaciones que fuesen necesarias para incrementar su prestigio.
Seguramente la dirección de la API sabe cómo afrontar embates de vulgares negociantes del poder público, mañosos individuos que a cada paso que dan, desparraman el irritante tufo que caracteriza a determinadas piaras malolientes.
El almirante Romel Ledezma Abaroa tendrá que poner en su lugar a quien corresponda, mientras las máximas autoridades estatales no quieran ver la corrupción de casa, y continúen adoptando el pegajoso modito de no decir ni pío.
