Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Orizaba deberá pagar una indemnización a los familiares de los hermanos Román y Ernesto Pérez González, asesinados a manos de policías municipales en 2018.

Esto dado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 152/2020 en la que acreditó que los elementos municipales dispararon y mataron injustificadamente al maestro de 31 años y al odontólogo de 33 años de edad, ya que no estaban armados y no cometieron  ilícito como señalo la autoridad. 

Establece que tras el asesinato ocurrido el 1 de noviembre de 2018 afuera de la vivienda familiar ubicada en la calle Colón Oriente, los policías municipales modificaron la escena del crimen, con la supervisión del encargado de la Policía Municipal, Juan Ramón Herebia Herández. 

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La versión oficial señala que los elementos municipales realizaron la persecución de un vehículo marca Jeep color blanco, al cual dispararon en diversas ocasiones hasta que el conductor descendió y se dirigió corriendo a su domicilio para pedir ayuda; al momento salió su hermano, por lo que ambos recibieron impactos de bala por parte de los policías, perdiendo la vida en ese instante.

Pese a ello, la Comisión estableció que la autoridad no probó que la persecución y el uso de la fuerza letal contra las víctimas estuviera justificado, ya que los seis elementos 

fueron puestos a disposición luego de advertirse que actuaron probablemente fuera del marco legal. 

En la carpeta de investigación se determinó que los tres proyectiles de arma de fuego que impactaron al vehículo oficial tipo patrulla de la Policía Municipal de Orizaba se realizaron de adentro hacia afuera. 

“Se puede establecer razonada y objetivamente que no hubo una agresión del exterior hacia la unidad que tripulaban los elementos señalados, con la cual pudieran justificar que las detonaciones fueran una respuesta proporcional a alguna agresión sufrida”. 

Tras la agresión, otros policías municipales se trasladaron al lugar de los hechos y existió una alteración de la escena del crimen, pues personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Veracruz realizó una inspección pericial de ambas fotos y concluyó que los dos cuerpos fueron cambiados de posición.

“La criminalística de campo con secuencia fotográfica y levantamiento de cadáver e indicios realizada en la fecha de los hechos mediante informe […], describe cómo se encontraba el cuerpo de V5, precisando que “la prenda de vestir tipo playera color blanco, se encontraba arremangada con una trayectoria de abajo hacia arriba, efecto característico a un arrastre del cuerpo”, señala ese reporte. 

La Comisión determinó la inmediata manipulación de la escena indica el ánimo de obstaculizar el esclarecimiento del crimen y encausar la responsabilidad hacia las víctimas por su muerte, como un medio para justificar la agresión realizada indebidamente en contra de los hermanos por parte de quienes en ese momento se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Orizaba.

Ante esto, la CEDH emitió la recomendación al Ayuntamiento de Orizaba, gobernado por Igor Rojí López  que deberá otorgar atención médica, psicológica especializada conforme a sus necesidades, así como pagar una compensación. 

También deberá ofrecer una disculpa pública a sus seres queridos manteniendo la privacidad de su identidad, así como asumir el compromiso de reparar el daño a las víctimas de forma integral y garantizar la no repetición de hechos semejantes y deberá  iniciar investigaciones internas, diligentes, imparciales y exhaustivas, con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa individual de todos los funcionarios que participaron.

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