En el marco del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre), el Inegi expuso que en el país se observa que la implementación de los mecanismos institucionales para combatir la corrupción, como es el caso del Sistema Nacional y los Sistemas Locales Anticorrupción, así como la existencia de planes y programas a nivel estatal para combatirlo, aún no tienen un efecto en la vida cotidiana de la población.
Al retomar estadísticas sobre la última encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicó que la prevalencia de corrupción mantiene una tendencia creciente del 2013 al 2019, al pasar de 12 a casi 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes.
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Mientras que del 2017 al 2019, el costo de la corrupción a precios constantes aumentó 63.1%; es decir, el gasto promedio por persona afectada pasó de 2,273 pesos en 2017 a 3,822 en 2019.
La población, refirió el Inegi, enfrenta niveles de corrupción crecientes, sobre todo en los trámites del ámbito estatal, por lo que es posible afirmar que la estrategia de combate a la corrupción debe centrarse en lo local.
El órgano autónomo precisó que a nivel nacional las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción en 2019 fueron Durango, CDMX y el Edomex.
Por otro parte, el Inegi indicó que de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del Sistema Nacional Anticorrupción, las entidades que actualmente cuentan con una política estatal anticorrupción son: Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo.
Mientras que a nivel municipal los avances en la implementación de planes anticorrupción han sido marginales ya que en 2010 casi 17% de los municipios reportó contar con un instrumento de este tipo, para 2018 un 20% reportó contar con un plan o estar en proceso de elaborar uno.
