Érika Hernández/Agencia Reforma
Con 9 votos a favor y 2 en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó ordenar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a gobernadores y funcionarios, abstenerse en sus actos públicos de opinar sobre el proceso electoral de 2021.
Así, el Primer Mandatario no podrá hablar, en sus conferencias mañaneras, giras o eventos gubernamentales, sobre el financiamiento público a los partidos; vida interna de éstos, tanto a nivel nacional como local; ni sobre candidaturas partidistas o de independientes.
Tampoco sobre postulaciones a cargos de elección; etapas del proceso electoral federal y local; frentes, coaliciones, fusiones, alianzas electorales nacionales o locales; plataformas; campañas; o encuestas de intención de voto o preferencias electorales.
Antes de iniciar el debate del proyecto, Morena presentó una recusación contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, para que no participaran en la discusión ni votación, al argumentar que prejuzgaron y revelaron información confidencial sobre el dictamen en medios de comunicación.
Sin embargo, por unanimidad, ésta no procedió.
Murayama, presidente de la Comisión de Quejas, recordó que llegaron a esos límites después de las reiteradas opiniones del Primer Mandatario sobre el proceso electoral, y únicamente están cumpliendo con la sentencia del Tribunal Electoral federal de delimitar el terreno en el que debe moverse el tabasqueño en sus actos públicos.
El representante del PRD, Ángel Ávila, quien interpuso la queja que derivó en esta prohibición, argumentó que lo único que están pidiendo es piso parejo, y acusó que en las mañaneras se paga a reporteros para que hagan las preguntas sobre temas que AMLO quiere posicionar.
“Estamos frente a la posibilidad de una vez por todas, poner un límite a la conducta contumaz que viene realizando el Presidente en el tema del uso indebido de recursos públicos a fin de crear propaganda personalizada a favor de él y su partido”, indicó.
Los representantes de Morena acusaron censura al Presidente cuando, argumentaron, el Tribunal Electoral ha reiterado en varias sentencias, derivadas de las mismas acusaciones, que se trata de libertad de expresión, no injerencia en el proceso.
El morenista Sergio Gutiérrez afirmó que los consejeros se creen “Madame Sassu” al adivinar que el tabasqueño dedicará sus conferencias a temas relacionados con las elecciones.
“Hay que decirlo con todas sus letras: censura previa, es inédito y para unos impensable. No tienen facultades para fijar los términos de qué puede o no hablar una persona, es un atropello a la democracia”, agregó el diputado Alejandro Viedma.
La mayoría de los consejeros electorales negaron censura al Presidente, y le recordaron que el derecho de libertad de expresión no es ilimitado, y su conducta debe ser neutral, ni a favor ni en contra de los actores políticos, para no influir en el proceso electoral.
“Encontramos que una de las restricciones que limitan el ejercicio de la libertad de expresión de las y los servidores públicos, de todos los órdenes de gobierno, está prevista en el 134 de la Constitución, en el que se les impone la obligación de imparcialidad con la que deben actuar, con el fin de impedir que éstos se aprovechen de los recursos públicos para influir en la equidad de la contienda”, dijo el consejero Martín Faz.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que en la historia del Instituto se han aplicado sanciones y medidas cautelares a funcionarios que violaron la legislación electoral, entre ellos, dijo, los Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Quiero ser claro: aquí nadie está diciendo, como algunos sostienen, si el Presidente puede o no realizar sus conferencias de prensa o expresarse o informar a la ciudadanía, sino si puede o no intervenir con sus comentarios o dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes, con el propósito de incidir en el voto ciudadano.
“Son dos cosas radicalmente distintas, y esto último lo prohíbe la Constitución, no el INE, al establecer que todos los funcionarios debemos ajustarnos al principio de imparcialidad”, dijo.
Los consejeros indicaron que la duración de estas medidas será hasta que la Sala Especializada del Tribunal Electoral se pronuncie sobre el fondo de las quejas que están pendientes sobre la intervención del Ejecutivo en el proceso.
Incluso, recordaron a los morenistas que en 2019 las Secretarías de Bienestar y de la Función Pública emitieron, sin que nadie protestara, los Lineamientos de Suspensión de la Propaganda Electoral, con los que funcionarios tenían prohibido emitir mensajes a favor o en contra de partidos políticos.
El consejero José Roberto Ruiz votó en contra, al considerar que es desproporcionado lo que se le pide al Presidente, pues también ha exigido en sus discursos que nadie use recursos públicos con fines electorales.
