A casi ocho años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Veracruz, aún existe un rezago del 20 por ciento que no ha logrado ser abatido, reconoció este martes Verónica Hernández Giadáns, fiscal general del Estado.
Durante su comparecencia ante diputados locales, indicó igualmente que hay un 48 por ciento de investigaciones en este nuevo sistema que no se han determinado.
Al respecto, indicó que existen avances y los pendientes se han ido abatiendo, pues a la fecha se resolvieron ya el 52 por ciento del rezago del Sistema Penal Acusatorio y un 80 por ciento del Sistema Inquisitivo Penal.
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Hernández Giadáns informó que en 2020 se iniciaron un total de 86 mil 571 carpetas de investigación, logrando determinar un total de 69 mil 30, lo que representa un incremento del 102 por ciento respecto del mismo periodo del año 2019.
La fiscal aseveró que se solventó al 100 por ciento el rezago de administraciones pasadas en materia de registro de carpetas de investigación y se realizaron las promociones de actualización pertinentes ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que calificó como un logro sin precedentes.
Los detenidos puestos a disposición, dijo, se incrementaron en un 21.4 por ciento; la productividad en audiencia de control se incrementó en un 24.8 por ciento; las vinculaciones a proceso se incrementaron en un 40.9 por ciento y las sentencias condenatorias aumentaron un 50.6 por ciento, respecto a 2019.
Hernández Giadáns señaló que se ha logrado un descenso del 11.7 por ciento en la incidencia general, en cuanto a los delitos de alto impacto.
Es decir, el homicidio doloso y las extorsiones disminuyeron en un 10 por ciento, el delito de secuestro en un 59 por ciento, el feminicidio en un 19.2 por ciento, y el robo de vehículo automotor en un 21.3 por ciento.
En materia de gestión administrativa resaltó la homologación salarial de mil 294 servidores públicos, lo que significó una inversión de 56 millones de pesos beneficiando a 437 fiscales, 550 policías, 266 peritos y 41 fiscales facilitadores.
Se regularizó la situación laboral de 247 servidores públicos con más de 20 años de servicio y la entrega de estímulos económicos a 237 servidores públicos por años de servicio.
Subrayó que se implementó una política de cero tolerancia al rezago en comprobaciones en gasto corriente y en fondo revolvente.
“Antes, persistían pasivos en diversos rubros como: SAR, IMSS, IPE, proveedores, obra pública y de retención y contribuciones a pagar. En nuestra gestión los hemos atendido; como en el caso del convenio que suscribí con el Instituto de Pensiones del Estado para el pago de contribuciones patronales, que permitió regularizar el rezago que representaba un agravio para los trabajadores de la Fiscalía”.
Se pagaron 43 millones 368 mil 924 pesos “para regularizar, transparentar y sanear las finanzas”.
En cuanto al trabajo de las Unidades de Atención Temprana (UAT), añadió que en el 2020 se brindaron 84 mil 423 atenciones y se implementó el sistema web de citas UAT, que permite agendar la fecha y hora para que sea atendido.
Igualmente reconoció la incorporación de un total de 346 servidores públicos de nuevo ingreso entre fiscales, policías ministeriales, peritos y personal administrativo.
“La capacitación a servidores públicos se ha incrementado un 389 por ciento, hecho sin precedente y que se traduce en determinaciones e investigaciones más sólidas, confiables y de buenos resultados”.
En cuanto a la Visitaduría General ha resuelto 87 procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de 212 servidores públicos de esta institución, con apercibimientos, amonestaciones, suspensiones sin goce de sueldo, incluso, separaciones del cargo.
