Las reformas estructurales realizadas en el sexenio anterior no son del gusto del presidente Andrés Manuel López Obrador pues considera que benefician prioritariamente a los “neoliberales”, sus adversarios.
Para López Obrador terminar con la reforma Energética es un objetivo prioritario que significa, en su criterio, que el país recupere el dominio de dos pilares que sustentan el poder del gobierno y le aportan recursos fiscales para la instrumentación de diversas políticas, destacadamente las sociales.
Dos de los intentos del gobierno de López Obrador de llevar a cabo “rectificaciones” a la Reforma Energética del sexenio de Peña Nieto, fueron rechazados por el Poder Judicial, que concedió amparos a los particulares que impugnaron sus propuestas de reforma a la Ley. El último episodio provocó el disgusto del presidente que dirigió su enojo en contra de Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quién otorgó la suspensión definitiva solicitada por las empresas demandantes.
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El que se enoja pierde
El disgusto presidencial no paró en la confrontación con el Poder Judicial, generada por su “mecha corta” al argumentar intereses personales, posibles actos de corrupción y solicitar fuera investigado el juez, que no fue complaciente con los deseos de López Obrador, pero aplicó la ley y cumplió con su trabajo de cumplir y hacer cumplir la letra de la Constitución.
Así como la Constitución otorga enormes facultades al Poder Ejecutivo, que avanzan o retroceden cada sexenio, por la voluntad del presidente en turno, también concede derechos a los particulares para equilibrar y neutralizar los excesos en los que incurre el presidencialismo sin límites, que ahora recrea la 4T.
Era previsible que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que presentó el presidente López Obrador con carácter de preferente al Poder Legislativo, sería impugnada por los empresarios afectados, en cuanto fuera aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Así sucedió.
El disgusto del presidente López Obrador no solo fue en contra del Juez que otorgó la suspensión de la Ley, primero provisional y después definitiva. Como el presidente “no se equivoca”, y como prueba de que “tiene la razón” también canalizó su disgusto en contra de tres empresas de alcance trasnacional.
Acusa de abuso a las empresas, con sus datos
Todo pasa en las conferencias de prensa mañaneras. El pasado viernes, el presidente quiso argumentar sobre la “justicia” que significaba su Ley de la Industria Eléctrica, ejemplificando con los supuestos abusos cometidos por las empresas BIMBO y WALMART, relacionados con las tarifas, que dijo informaría posteriormente. Comentó que estas empresas se habían amparado en contra de la Ley de la Industria Eléctrica “para seguir manteniendo subsidios”. Ya encarrerado, también criticó a las tiendas OXXO y reveló uno de sus “datos”:
“Paga más una familia de clase popular o de clase media que lo que paga un Oxxo de luz. Paga mucho más la dueña de abarrotes de una colonia, de un barrio, de un pueblo, que lo que paga un Oxxo”.
Las empresas OXXO y BIMBO tienen otro dato
En el uso de su derecho, la empresa Fomento Económico Mexicano S.A. de C.V. (FEMSA), que ha otorgado miles de franquicias de las tiendas OXXO en todo el país, aclaró el “dato” del presidente López Obrador, señalando que en 2020 Oxxo pagó mil 576 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad y que el 70.1% de esas tiendas son abastecidas por fuentes renovables. Comentó que tiene contratos con cinco parques eólicos en el país para satisfacer el 69.4% de sus necesidades de electricidad.
En promedio, cada tienda paga 14 mil 52 pesos al mes por la energía renovable. Este costo incluye pagos a CFE como porteo, uso de líneas de transmisión y un cargo fijo por formar parte de la red eléctrica nacional. “Casi 30% de nuestras tiendas no se surten de energía eólica sino totalmente de la CFE, por lo que el pago promedio mensual se va directo a esa empresa del estado”.
La empresa FEMSA señaló que tiene el compromiso de generar valor económico y social, lo que implica también valor ambiental, y actuar en beneficio de las comunidades.
La empresa BIMBO por su parte informó que “paga en su totalidad sus tarifas eléctricas conforme a la legislación aplicable en cada uno de los países en donde opera”. Trabaja total o parcialmente con energía eléctrica renovable tanto de fuentes eólicas, fotovoltaicas o hidráulicas en Estados Unidos, México, Colombia, Honduras, Costa Rica, Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Portugal, España, Reino Unido, Italia, Turquía y Francia.
Bimbo comentó que los proyectos globales no solamente permiten operar a la empresa con eficiencia y reducir su impacto en los distintos sistemas eléctricos nacionales, sino que reducen las emisiones al medio ambiente. Informó que en 2015 firmó el compromiso de Acción de París para desarrollar y adoptar iniciativas para combatir el calentamiento global.
Adicionalmente, en 2018 firmó el compromiso RE100, impulsado por The Climate Group y Carbon Disclosure Project para que en 2025 el 100 por ciento de la energía eléctrica consumida por la empresa a nivel global provenga de fuentes renovables. (El Universal, 19 de marzo de 2021)
No son las tarifas, es el medio ambiente
Dos de las empresas señaladas por López Obrador de haberse amparado para “mantener” subsidios, aportaron sus propios datos. Sí pagan lo que deben pagar, pero además destaca su compromiso con el medio ambiente del mundo, del que México es corresponsable, aunque, como revelan sus acciones, parece no ser relevante ni prioritario para el presidente el combate al calentamiento global.
Los datos que López Obrador señalan en sentido contrario al objetivo de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Conocido como Acuerdos de Paris y signado en 2016 por diversos países de todos los continentes, entre ellos México.
El protocolo de instrumentación de los Acuerdos de Paris incluye la participación de los gobiernos, a través de sus políticas relacionadas con la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y de las empresas para que utilicen en su actividad, tecnologías productoras de energías renovables.
Es principio básico de toda empresa disminuir sus costos de producción y elevar sus utilidades. Las empresas acusadas como abusivas por López Obrador demostraron que cumplen con este principio, pero además son socialmente responsables, al cuidar el medio ambiente.
Las determinaciones del presidente López Obrador relacionadas con la construcción de la refinería de Dos Bocas, la rehabilitación de algunas refinerías a cargo de Pemex y su propuesta de Ley de la Industria Eléctrica, no son compatibles con los compromisos internacionales de combate al calentamiento global, de los que parece alejarse el presidente de México.
El rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, emprendido por el presidente López Obrador, se explica en la práctica de una política nacionalista que protege a dos de las fuentes de riqueza y poder del gobierno.
Su nacionalismo se presenta como un intento por detener el inevitable avance tecnológico que el proceso de globalización de la economía y las telecomunicaciones promueven, poniendo fin a la vigencia de la mecánica y su relevo por la electrónica y robótica, como forma de producción en el mundo.
Cuando se avanza en la defensa del medio ambiente, el cambio tecnológico, la globalización social y cultural y la práctica de la democracia. En México, la voluntad del presidencialismo parece empeñada en remar contra corriente por ocurrencia o ignorancia. No es suficiente uno solo para cambiar el rumbo decidido por muchos. Eso incluye a las instituciones, las empresas y los individuos que ven la amplitud del horizonte, que la 4T no distingue. No son las tarifas, es el medio ambiente. No es la empresa, es el Estado. No es la ocurrencia de uno, es la planeación de muchos.
