El esquema para desviar recursos federales de la llamada “estafa maestra” también se replicó en Veracruz en planteles como el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan.
Dicho plantel enfrenta denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se comprobaron desvíos por casi 282 millones 426 mil 992.55 pesos en 2018, monto que no se pudo justificar.
Dichas denuncias podrían abarcar a funcionarios de distintas dependencias, además de los directivos del ITSCO, quienes habrían desviado millones de pesos mediante la subcontratación de empresas fachada mediante fideicomisos, mismas que no contaban con personal ni infraestructura para la prestación de los servicios.
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El posible manejo irregular a través de convenios suscritos con DICONSA; COFEPRIS; SEDATU; CAPUFE; BANCOMEXT, la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Igualmente, con la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el Estado de México y por convenios con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), así como el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
La ASF comprobó que el ITSCO no contaba con la capacidad técnica, material, humana y financiera para el cumplimiento del objeto de 15 instrumentos jurídicos, ni capacidad jurídica para la suscripción de los convenios con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
“Por lo que, requirió la contratación de terceros en más de un 49.0%, con la persona moral Laboratorio de Investigación en Tecnologías de Información de Cosamaloapan, S. de S. S. y la persona moral Servicios D.R. de México, S.A. de C.V., quienes prestaron la totalidad de los servicios objeto de los convenios y/o contratos suscritos con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, de los cuales el ITSCO recibió recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2018”.
Durante ese ejercicio dichas empresas cometieron diversas irregularidades administrativas y fiscales, como no tener a personal dado de alta en el IMSS o no presentar sus declaraciones anuales y otros trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En un informe similar, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) señaló una observación que hace presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal de 72 millones 341 mil 126.45 pesos, de ahí que se promovió el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios de conformidad con la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
