Jubilados y pensionados del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN), denunciaron que las empresas contratadas para el servicio médico -COMMUNITY DOCTOR, S. A. DE C. V., y CHALLENGE CONSULTING, S.C.,- fueron constituidas al margen de la ley y desfalcaron alrededor de mil 150 millones de pesos.
Lo anterior, en agravio de al menos 16 mil personas de la Federación Bancaria del Estado en una licitación que ni duró más de 4 horas.
Al respecto, entrevistados en relación con ello señalaron que en muchos casos podrían caer en incumplimiento y rescindir los contratos al no tener ni instalaciones ni siendo eficientes del otorgamiento de los servicios médicos, hospitales y medicamentos.
Lo anterior porque las empresas, beneficiadas por el Contrato por Adjudicación Directa respecto a la Licitación Pública No. LA-006HIU002-E2-2021, no cuentan con los recursos materiales y humanos para brindar el servicio; por el caso se presentó una demanda de amparo que si bien fue desechada, ya ha sido impugnada.
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Los afectados señalan que al desaparecer los fideicomisos, las instituciones de desarrollo quedaron a la deriva en cuanto a prestación de servicios contratados con diversas firmas, como el caso de las señaladas.
Entre otras cosas señalan que la falta de infraestructura de las empresas que deben brinda el servicio médico, quedó debidamente demostrada “en los falsos, alevosos y tendenciosos listados de prestadores de servicios que les entregaron a ustedes”.
Acusaron que el doctor Luis Guillermo Becerril ha presentado oficios, como el FPSB/CSM/050/2021, que resultó ser falso, razón por la cual debería declararse nula la licitación referida y proceder a la cancelación de los contratos suscritos con dichas Integradoras tanto por la falsedad de los documentos que les dieron a conocer, pero principalmente porque a doce días de haberse comprometido a otorgar el servicio médico estrictamente necesario no lo han podido proporcionar.
“Lo cual constituye un verdadero atraco y un crimen de parte de ellos y principalmente de ustedes que tienen la obligación de velar por nuestra vida y seguridad en vez de favorecer a quienes nos están privando de lo esencial para preservar nuestra salud y vida”.
Por ello, exigieron que conforme a la facultad que les confiere el derecho a la supervivencia que otorga la Ley reglamentaria se inicie de inmediato la atención médica que se requiere en las localidades de Durango, Coahuila, Zacatecas y Veracruz.
