Familiares de personas recluidas en los penales de Veracruz denunciaron que los directivos de los Centros de Readaptación Social están haciendo “negocios sucios” al amparo de las visitas conyugales mientras al resto de los familiares los mantienen restringidos, ante la inacción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Al respecto, los familiares acusaron a los encargados de los penales de Pacho Viejo, Coatzacoalcos, Amatlán de los Reyes, Tuxpan, entre otros; en contubernio con Sarahí Peña Galaviz subsecretaria de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, de estar haciendo “su gran negocio con las visitas conyugales”.
Mediante un mensaje a Palabras Claras indicaron que estas son cobradas con montos que van de los mil a los mil 500 pesos “cuando aún no se ha acabado la pandemia y todavía no abren las cárceles a las visitas familiares según para proteger la salud de los internos”.
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Concretamente, señalaron hechos que tienen lugar en el CERESO Morelos de Cosamaloapan, donde permiten a los familiares entrar solo diez minutos durante los días de visita, manteniendo una distancia de más de dos metros.
Además de ello, en las visitas deben llevar las medidas de cubrebocas y caretas, que no son suficientes, pues se mantiene un vinil que los separa, por lo que cuestionaron la imposibilidad de mantener una conversación fluida.
“Mientras el personal de seguridad y custodia no pone el ejemplo y no usan caretas y a veces se quitan hasta el cubrebocas”, acusaron.
Los familiares enfatizaron estar molestos ante el cierre de las visitas familiares desde hace más de un año, lo que repercutiría directamente en el bienestar del reo “cuando todos sabemos que la visita de la familia es lo más importante para mantener la tranquilidad en los penales; pero están lucrando con las visitas conyugales a escondidas”, reiteraron.
Por si fuera poco, acusaron que las despensas que pretenden hacer llegar a sus familiares deben pasar una “aduana” en la que se pide el respectivo “moche” para entregarla a sus destinatarios, de lo contrario no llega a las manos de los presos.
“La CEDH como siempre se hace de la vista gorda y las cosas siguen de mal en peor. La corrupción es cada vez más arraigada, las autoridades enriqueciéndose, y las familias de los internos y los mismos internos, tronándose los dedos para juntar el dinero para llevarles despensas y para poderlos visitar unos diez minutos de vez en cuando”, lamentaron.
