Más de un año después de la publicación de la Ley de Amnistía en México, que en el papel permitiría la excarcelación de personas vulnerables que cometieron delitos no violentos, menos de una decena de personas han sido liberadas.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020, tenía entre sus principales objetivos ofrecer alternativas a personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que fueron encarceladas por delitos no violentos, y en muchos casos, sin respetarse sus principios constitucionales.
Sin embargo, la falta de voluntad política, la deficiente gestión de la Comisión de Amnistía —a nivel federal— y la lenta aprobación de esta ley por parte de los Congresos locales han puesto en entredicho la promesa del Estado mexicano de ofrecer justicia a miles de ciudadanos privados de su libertad.
Delitos por amnistiar
La Ley de Amnistía a nivel federal contempla la liberación de mujeres que fueron encarceladas por abortar, así como de los médicos y enfermeras que realizaron el procedimiento.
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La excarcelación también beneficia a personas que, en situación de pobreza y vulnerabilidad, consumieron drogas o participaron en una pequeña escala en el comercio. Este aspecto resultaba fundamental en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, ya que era el reconocimiento tácito de que la actual política punitiva se enfoca en castigar a las personas de la escala más baja en el mercado de sustancias ilícitas.
La Ley de Amnistía también se enfoca en las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas que fueron encarceladas sin haber contado con un intérprete o defensor que tuviese conocimiento de su lengua y cultura. Además, en la legislación se procuró beneficiar a quienes cometieron robo simple y sin violencia.
Desde antes de asumir la Presidencia, López Obrador afirmó que buscaba liberar a los presos políticos en el país. Por tanto, la legislación contempla la amnistía para quienes cometieron el “delito de sedición”.
¿Qué ha pasado?
Mediante este mecanismo, se buscaba amnistiar a más de 5.000 personas sentenciadas o procesadas en México, un objetivo que ha quedado muy lejano. Hasta ahora, se tiene conocimiento de ocho personas a quienes se les concedió el trámite de libertad en todo el territorio.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó el pasado 22 de abril que se determinó otorgar los beneficios en 38 casos analizados por la Comisión de Amnistía en el fuero federal. No obstante, la decisión final la tienen los jueces federales, al ser el actor encargado de revisar las resoluciones y confirmar el otorgamiento de amnistía. De momento, los juzgadores han otorgado el trámite de liberación de cinco personas, aunque se desconoce si estos beneficiarios ya salieron de prisión ante la falta de información de la dependencia.
A más de un año de entrada en vigor de la legislación federal, solo cuatro Congresos estatales —Hidalgo, Estado de México, Sinaloa y Tlaxcala— han aprobado sus propias leyes de amnistía, lo que deja a miles de potenciales beneficiarios sin la posibilidad de acceder a las liberaciones, ya que el 86,89 % de las personas en prisión en el país fueron procesadas por delitos del fuero común y solo 13,11 % por crímenes del fuero federal.
Además de las cinco excarcelaciones otorgadas a nivel federal, el Poder Judicial del Estado de México ha concedido tres liberaciones, según un informe elaborado por el Observatorio de Amnistías.
“La obligación de la Secretaría de Gobernación era promover la Ley al interior de los estados, porque ya sabíamos que la mayor parte de los beneficiarios están en el fuero local. Por lo tanto, era necesario que esa reforma fuese adoptada y armonizada por los Congresos locales y se le encargó a la Secretaría de Gobernación que dirigiese esos esfuerzos”, explica Daniela Malpica Neri, fundadora de la organización Justicia Transicional MX, en entrevista con RT.
