La sociedad mexicana acudirá el próximo domingo nuevamente a las urnas para participar en los comicios más grandes que ha tenido el país, ya que más de 93 millones de electores están convocados a votar por algunos de los 126.000 candidatos que se disputarán más de 20.000 cargos, entre los que destacan 500 diputaciones federales y 15 gubernaturas.
Ese día culmina una campaña que quedó marcada por los enfrentamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE); las denuncias y escándalos de candidatos que fueron acusados de abuso sexual o de anomalías en sus eventos políticos; y la incesante violencia política que desde hace años empaña cada proceso en este país y que incluye el asesinato de aspirantes a puestos de elección popular.
Los comicios son trascendentales para López Obrador, ya que reorganizarán al Poder Legislativo que lo acompañará en sus últimos tres años de un mandato que culmina en diciembre 2024.
Su principal objetivo es mantener la mayoría parlamentaria de la que gozó durante la primera etapa de un Gobierno al que bautizó como la Cuarta Transformación, mejor conocida ahora como la 4T, ya que promete que representará un proceso que, por la profundidad de sus reformas y cambio de régimen, tendrá la misma relevancia histórica que la Independencia de 1810, la Guerra de Reforma de mediados del siglo 19 y la Revolución de 1910.
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Para lograrlo, necesita que la ciudadanía revalide el voto que en 2018 le otorgó de manera abrumadora a él y a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que ello ratificaría la legitimidad de una gestión permanentemente envuelta en polémicas con todos los sectores que no se alían al oficialismo, ya sean apenas críticos o directamente opositores.
Después de casi tres años de Gobierno, la popularidad de López Obrador se mantiene en altos niveles. Las encuestas coinciden en que mantiene el apoyo de más del 50 % de la población, lo que lo convierte en uno de los líderes mejor evaluados en América Latina, pero las elecciones serán cruciales para fortalecer o debilitar su gestión.
Expectativas
Los sondeos estiman en que la simpatía incombustible hacia el presidente no se traducirá automáticamente en votos el próximo domingo, ya que Morena y sus aliados obtendrían solo el 40 % de las curules de la Cámara de Diputados, muy lejos del 51 % del que ha gozado durante estos primeros tres años.
Con respecto a las gubernaturas, las encuestas anticipan que el oficialismo podría imponerse por lo menos en ocho estados: Baja California, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, mientras que la oposición se quedaría con Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala.
A las 500 diputaciones federales y 15 gubernaturas hay que sumar el resto de los puestos en juego: 1.063 diputaciones de 30 Congresos Locales (solo en Coahuila y Quintana Roo no se renuevan); 1.925 presidencias municipales y alcaldías de 30 localidades (salvo los ayuntamientos de Durango e Hidalgo); 2.057 sindicaturas, 14.222 regidurías, 204 concejalías y 431 cargos auxiliares.
En total, para estos 20.417 cargos se postularon 126.394 candidatos: 64.862 mujeres y 61.532 varones. Nunca antes en la historia electoral mexicana había habido tantas candidaturas ni tantos espacios de poder en disputa.
Los principales partidos construyeron acuerdos para sumar el mayor número posible de votos. Así, el oficialista Morena pactó con el Partido del Trabajo y el Partido Verde para crear la coalición Juntos Haremos Historia.
Por otra parte, el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) registraron Va por México, una alianza que era impensada debido a la historia de estas tres organizaciones, que durante décadas fueron antagonistas y representaron a los tres principales partidos de México antes de que Morena arrasara en las presidenciales de 2018.
A ellos se les suman el progresista Movimiento Ciudadano, que ya participó en las elecciones de hace tres años, y Redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Solidario y Fuerza por México, tres partidos que se estrenan en estos comicios.
Pelea INE-Gobierno
El árbitro de la contienda será el Instituto Nacional Electoral (INE), que en los últimos meses ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con el oficialismo.
La tensión ha llegado a tal extremo que desde el Gobierno han apostado, incluso, por la desaparición de este organismo después de las elecciones.
La disputa a ratos adquiere un tono personal. En 2015, López Obrador dijo que Lorenzo Córdova, presidente del INE, era clasista y racista, “un académico carente de convicciones, un técnico del conocimiento electoral, encumbrado sin el mérito de la congruencia y la honestidad”. Y en los últimos meses lo ha calificado a él, y también al resto de los funcionarios del INE y del Tribunal Electoral, como antidemócratas, golpistas, parciales, conspiradores, simuladores y conservadores.
El pleito en estos comicios se aceleró a principios de año, cuando Córdova advirtió que las diarias conferencias mañaneras del presidente representaban actos de promoción gubernamental, lo que está prohibido por ley, así que no deberían pasarse íntegras. López Obrador acusó censura, intentos de callarlo y de cercenar su libertad de expresión y el derecho del pueblo a la información.
Otra polémica se debió a que el INE apostó a imponer, a diferencia de lo ocurrido en otras elecciones, un complejo mecanismo que establece la ley para impedir que un partido tenga una sobrerrepresentación de curules en la Cámara de Diputados. López Obrador consideró que era una maniobra para evitar que Morena volviera a tener mayoría parlamentaria, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le terminó dando la razón al INE.
Las denuncias del presidente fueron todavía más graves cuando el TEPJF suspendió el registro de los candidatos oficialistas a gobernadores de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y de Michoacán, Raúl Morón, en ambos casos por anomalías en sus gastos de campaña. López Obrador aseguró que las autoridades electorales le habían dado “un golpe a la democracia”.
Acusaciones
Salgado Macedonio fue uno de los protagonistas de las campañas pero por los motivos más indeseados, ya que cinco mujeres lo acusaron de violación o abuso sexual.
Sin embargo, López Obrador respaldó en todo momento y de manera incondicional su candidatura para gobernador en Guerrero. Después de meses de tensión, protestas feministas y debates públicos, la postulación se frustró por cuestiones meramente administrativas ante las autoridades electorales, no por las denuncias de las víctimas.
El escándalo no amainó, al contrario, ya que, en una muestra de nepotismo, la candidatura recayó entonces en Evelyn Salgado, hija del candidato.
Otro caso polémico fue el del diputado Saúl Huerta, también de Morena, quien terminó detenido en un hotel luego de que un adolescente de 15 años lo acusara de abuso sexual. La causa judicial le costó la candidatura a la reelección de su curul. A él, López Obrador no lo defendió.
Clara Luz Flores, candidata de Morena a gobernadora de Nuevo León, tampoco tuvo una buena campaña. Después de negarlo durante meses, terminó reconociendo que había mentido al asegurar que no conocía al líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, condenado a 120 años de prisión por tráfico sexual, entre otros delitos.
Con menor repercusión, destacan los casos de candidatos de otros partidos que siguieron adelante con sus campañas a pesar de estar acusados de corrupción, acoso, violencia intrafamiliar, trata de personas y vínculos con el crimen organizado.
Violencia sin fin
El martes de la semana pasada, la candidata de Movimiento Ciudadano a alcaldesa de Moroleón (Guanajuato), Alma Barragán, fue ejecutada a tiros por un grupo de sicarios durante un acto de campaña.
Tres días más tarde, a Cipriano Villanueva, candidato a regidor en Chiapas, motociclistas encapuchados lo mataron de la misma forma: de día y a los tiros.
De acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México, realizado por la consultora Etellek, con Barragán y Villanueva suman 88 los políticos asesinados durante este proceso electoral. Entre ellos había 14 mujeres y, del total de víctimas, 34 eran candidatas a algún cargo de elección popular.
Los crímenes contra los candidatos se cometieron en 22 de los 32 estados y, en el 90 % de los casos, se trataba de dirigentes políticos con responsabilidades estatales, desde alcaldías a partidos.
Aunque las cifras son preocupantes, sobre todo por la impunidad que suele cobijar a las ejecuciones, marcan una tendencia a la baja, ya que en las elecciones generales de 2018, la consultora registró 152 asesinatos de políticos, de los cuales 37 eran precandidatos o candidatos.
La expansión de la violencia no distingue partidos, ya que la alianza PRI-PAN-PRD suma 39 víctimas, mientras que el bloque Morena-PT-PVEM, acumula 25. Y el estado más peligroso es Veracruz, en donde fueron asesinados ocho candidatos.
