El Tribunal Vaticano ha llamado a juicio a 10 personas y cuatro empresas por sus vínculos con una inversión de la Secretaría de Estado de la Santa Sede en un negocio inmobiliario en Londres (Reino Unido). El proceso comenzará el 27 de julio, anunció el Vaticano en un comunicado el pasado sábado.
Los acusados incluyen cinco exfuncionarios de la Santa Sede, entre ellos un cardenal y dos colaboradores de la Secretaría de Estado, así como los empresarios italianos que manejaron las inversiones en Londres y un experto italiano en inteligencia acusado de malversación de fondos.
Concretamente, se trata de René Bruelhart, el monseñor Mauro Carlino, Enrico Crasso, Tommaso Di Ruzza, Cecilia Marogna, Raffaele Mincione, Nicola Squillace, Fabrizio Tirabassi, Gianluigi Torzi y el cardenal Giovanni Angelo Becciu, sospechoso de “los delitos de malversación y abuso de oficio, también en complicidad, así como de soborno”.
Los fiscales acusan a los involucrados de quedarse con millones de euros del Vaticano en honorarios y pérdidas relacionadas con otros negocios financieros. Sin embargo, todos los procesados han negado su vínculo en los delitos que se les imputan.
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“Las investigaciones, llevadas a cabo también con comisiones rogatorias en varios otros países extranjeros (Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia, Suiza), han sacado a la luz una vasta red de relaciones con operadores de los mercados financieros que han generado cuantiosas pérdidas para las finanzas vaticanas, habiendo recurrido también a los recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre”, se indicó en el comunicado.
Becciu, quien hasta 2018 fue subsecretario de Estado, uno de los cargos más poderosos e influyentes del Vaticano, estaría envuelto en un controvertido acuerdo con dinero de la Iglesia para comprar un lujoso edificio en Londres como inversión, y, según documentos obtenidos por el diario italiano L’Espresso, habría estado desviando también sustanciales sumas de dinero de “limosnas y donaciones para financiar actividades de personas cercanas a él”.
El citado medio calculó que desde 2013 el cardenal entregó al menos 600.000 euros (alrededor de 712.000 dólares) a una cooperativa gestionada por uno de sus hermanos asociada a la organización benéfica Caritas de Ozieri, en Cerdeña (Italia). La investigación del escándalo sobre la inversión de fondos del Vaticano conllevó su renuncia en septiembre de 2020 al cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
Por su parte, el corredor bursátil Gianluigi Torzi, acusado por la Santa Sede de malversación de fondos, abuso de oficio y violación del secreto oficial, habría pasado facturas al Vaticano por un total de 15 millones de euros (casi 18.000 dólares) por un trabajo que nunca se realizó. El Vaticano lo contrató en 2018 para negociar la compra de un edificio en el número 60 de Sloane Avenue en Chelsea.
