Este martes la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Romero Cruz, pidió al Congreso del Estado su autorización para modificar los contratos de Asociación Público Privada de las ciudades judiciales gestionados por su antecesor, Edel Álvarez Peña
En algunos casos la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura plantea aumentar o incluso reducir los plazos de dichos contratos que fueron autorizados por la anterior LXIV Legislatura.
La Legislatura anterior concedió contratos hasta por 300 meses, aproximadamente de 25 años, y en otros casos los contratos son para que terminen las obras 27 años después de iniciadas.
La medida es requerida al pleno del Congreso local luego de que la propia magistrada confirmó un déficit de 500 millones de pesos para el presupuesto de 2021; de que se implementó el cierre de 29 juzgados en distintos distritos judiciales y de que se aplicaron descuentos voluntarios a las compensaciones de magistrados y altos funcionarios de la institución.
Este martes se informó que la magistrada presidenta pidió la autorización para la modificación de los contratos para llevar a cabo el diseño y planeación de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de hasta 20 centros de impartición de justicia.
El requerimiento debe ser turnado a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Procuración de Justicia, y de Hacienda del Estado, para su estudio y dictamen.
Polémica por ciudades judiciales
Desde que fueron aprobadas las ciudades judiciales magistradas como Concepción Flores Saviaga han criticado públicamente que no se esté trasparentando el manejo de las obras y de los contratos a los que se comprometió el Poder Judicial durante la presidencia de Álvarez Peña.
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Además, las obras ya están generando observaciones de carácter técnico por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), las cuales advierten sobre la mala calidad de estas por parte de las empresas asociadas para llevar a cabo los proyectos.
Las ciudades judiciales en Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca deben realizarse con contratos que considerados en su conjunto deben ascender a un máximo de hasta 3 mil 965 millones de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El Poder Judicial debe cubrir todas estas obligaciones en un plazo de hasta 300 meses, lo que da como resultado montos pagaderos mensuales de hasta 13 millones 217 mil 245 pesos, más IVA, mismos que incluyen el componente de inversión pública productiva (valores reales a actualizarse conforme a la inflación).
Por su parte, hace unos meses la exmagistrada y expresidenta del Poder Judicial, Sofía Martínez Huerta, también advirtió por posibles irregularidades en los proyectos de Ciudades Judiciales que se convocaron, licitaron y comenzaron a construirse desde 2016, apuntando posible insolvencia para pagar los contratos.
Por su parte, en sus observaciones el ORFIS ha advertido que, si bien el Poder Legislativo sólo avaló la construcción de 17 ciudades judiciales por medio de la figura de asociación pública privada, el Poder Judicial se “autorizó” 21 proyectos.
Cabe referir que en el análisis financiero presentado por el Poder Judicial a la 64 Legislatura sólo exhibía una solvencia para construir, por medio de las APP, 17 ciudades judiciales, y el pago a los inversionistas no podía rebasar los 13 millones 217 mil 245 pesos mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Sin embargo, la proyección de costos por cada construcción de Ciudades Judiciales varía desde los 50 millones a los 155 millones, es decir, Sofía Martínez heredó una deuda de Edel Humberto Álvarez Peña de mil 155 millones de pesos y con la obligación de un pago de 200 millones de pesos anuales; unos 16 millones de pesos mensuales.
Finalmente, en este 2021 desde el ORFIS se filtró la revisión a la Cuenta Pública del 2019 en el Poder Judicial, en la cual se establece que la construcción de las Ciudades Judiciales no generó observaciones de carácter financiero por parte del Órgano de Fiscalización, no obstante, sí se registraron 11 observaciones de carácter técnico a la obra pública sujetas a aclaración por probable daño patrimonial por al menos 6 millones 695 mil 053.88 pesos.
