La defensora mexicana de derechos humanos Lydia Cacho denunció este martes los presuntos nexos de las instituciones de justicia con las redes de trata de personas. Esto después que un tribunal de Quintana Roo otorgara un amparo al empresario José Kamel Nacif Borge, presunto autor intelectual en un sonado caso de torturas infligidas a la también periodista, que lo absuelve de las acusaciones en su contra.
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en la ciudad de Cancún, absolvió a Nacif Borge de toda responsabilidad por el delito de torturas en contra de Cacho, hecho ocurrido en diciembre de 2005. Tras conocer la decisión, la periodista denunció este martes “actos de corrupción directos”, que incluyeron la “recepción de recursos económicos” por parte de las magistradas, para tomar esa determinación en favor del empresario.
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Redes de trata en México
En su libro ‘Los demonios del Edén’, Cacho documentó una red de pornografía infantil y trata de menores encabezada por el empresario Jean Succar Kuri —quien cumple una pena de 112 años de prisión en México— y de la que formaría parte Nacif Borge, con la complicidad de diversas autoridades y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tras la publicación de la obra, que desenmascaró esa red de explotación sexual de menores, Nacif demandó a Cacho por difamación. Entre el 15 y 16 de diciembre de 2005, la periodista fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla, en donde radicaba la orden judicial en su contra.
En el trayecto de 1.500 kilómetros entre ambas localidades, Cacho, además de ser incomunicada, fue víctima de violencia sexual y tortura por parte de los policías que la trasladaban.
Gracias a la presión de organismos internacionales y de la sociedad civil, la defensora de derechos humanos fue liberada. Pero meses después se difundió en medios locales la grabación de una conversación telefónica que sostuvo Nacif Borge con el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, en la cual el empresario le agradecía al político por detener y procesar a Cacho.
En la conversación, Nacif llama “gober precioso” y “héroe de esta película” a Marín. Por su parte, el político reconoce que le dio “un pinche coscorrón” a la “vieja cabrona”, en referencia a la detención de Cacho y su traslado ilegal desde Quintana Roo a Puebla.
El 3 de diciembre de 2020, la magistrada del Primer Tribunal Unitario, María Elena Suárez, emitió órdenes de aprehensión contra Nacif y el exgobernador Marín, así como contra el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Karam.
Fue a raíz de esas órdenes judiciales que Marín fue detenido el pasado 3 de febrero en Acapulco, Guerrero, y encarcelado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Quintana Roo, en donde también permanece privado de libertad Succar Kuri.
Por su parte, Nacif Borge huyó al Líbano y desde allí tramitó un amparo contra su orden de detención en México. El citado tribunal de Cancún tramitó el recurso y, con el aval de la magistrada ponente, Selina Ahidé Avante Juárez, y de Graciela Bonilla González, secretaria en funciones de magistrada, absolvió al empresario de toda responsabilidad por el delito de torturas en contra de Cacho.
La organización Artículo 19 informó este martes, en una conferencia de prensa junto con Cacho, que las magistradas consideraron que “no hay prueba fehaciente” sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro, pese a su testimonio y a las grabaciones telefónicas difundidas en medios de comunicación.
También evaluaron como poco relevante que automóviles que eran propiedad de Nacif acompañaran de forma ilegal a los policías judiciales durante el traslado de la defensora de Cancún a Puebla.
“La determinación y la argumentación de estas magistradas es prácticamente idéntica a la del primer juez corrupto que comenzó a llevar mi caso hace 16 años”, señaló Cacho.
Vínculos políticos
Tras conocerse la decisión del Tercer Tribunal Unitario, la periodista cuestionó al Poder Judicial de la Federación (PJF) por nombrar recientemente a dos magistradas que tienen una “relación directa” con los políticos del PRI.
Cacho afirmó además que hay evidencia jurídica que sustenta que Nacif Borge financió parcialmente las campañas políticas de Fidel Herrera a la gobernación de Veracruz (2004-2010); de Mario Marín en Puebla (2005-2011); y de dos exmandatarios de Quintana Roo, Joaquín Hendricks (1999-2005) y Roberto Borge (2011-2016).
“¿Quién manda verdaderamente en el Poder Judicial de México? ¿Quién manda verdaderamente en la Fiscalía General de la República, cuando hemos evidenciado a lo largo de estos años que una periodista puede ser torturada, amenazada, encarcelada y víctima de atentados para poder ocultar a una red de poder?”, cuestionó.
Para ella, la impunidad evidenciada con la reciente absolución de Nacif Borge demuestra que hay funcionarios del actual Gobierno federal, de la FGR y del Poder Judicial que operan “para las redes de delincuencia organizada” y de “trata de personas”.
Desde su exilio en España, Cacho denunció que estas decisiones judiciales “vuelven a poner en gran riesgo” su propia vida e integridad y la de su familia.
