El Órgano Superior de Fiscalización (ORFIS) estableció un presunto daño patrimonial en los Tribunales Superior de Justicia (TSJ), de Conciliación y Arbitraje (TECA), y Consejo de la Judicatura, por 90 millones 15 mil 635.13 pesos, de los cuales 55 millones 851 mil 636.71 pesos, involucran la administración del ex magistrado presidente, Edel Álvarez Peña.
El mayor monto observado deriva de irregularidades detectadas en la construcción de 18 ciudades judiciales.
En Informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, entregado este jueves al Congreso del Estado, se detalla que 85 millones 514 mil 709.98 pesos corresponden a egresos sin comprobar de la cuenta del Fideicomiso Maestro número F/3749 del Banco Invex, S.A., por concepto de “Reembolso de excedentes” de las cuales se desconoce su aplicación, no presentaron evidencia documental que justifique y soporte las erogaciones y no se encuentran registradas contablemente.
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Se detalla que cinco retiros de dinero por 14 millones 490 mil 565.50 pesos, 11 millones 511 mil 88.65 pesos, 11 millones 507 mil 616.76 pesos, 6 millones 922 mil 985.56 pesos y 6 millones 918 mil 455.09 pesos, se realizaron entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, es decir, al final del mandato de Álvarez Peña, que dejó la presidencia del TSJ el 1 de diciembre de ese año.
Los 34 millones 163 mil 998.42 restantes, corresponden a un egreso efectuado el 6 de diciembre de 2019, es decir, cuatro después de que la magistrada Sofía Martínez Huerta, hoy destituida e inhabilitada, asumiera la titularidad del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.
Además, el ORFIS detectó otro presunto desfalco global por 4 millones 500 mil 925.15 pesos en los Tribunales Superior de Justicia, de Conciliación y Arbitraje, y Consejo de la Judicatura, luego de ocho observaciones.
Se describe que el más grande fue por 2 millones 500 mil 66.80 pesos, por el “desmonte, despalme, corte, carga, acarreo, descarga, suministro, conformación y compactación de material de relleno y revestimiento para la construcción de plataforma en terreno, para la construcción de juzgados y sala de Juicios oral en el Municipio de Tezonapa”.
Además, el ente fiscalizador detectó un presunto daño patrimonial por 433 mil 388.06 pesos, por la “elaboración de ingeniería básica para el proyecto de construcción de la ciudad Judicial Uxpanapa” y otro por 186 mil 47.66 pesos, por la “construcción de obra complementaria civil, hidráulica y eléctrica” para la terminación de dicha edificación.
Se observan otros por 250 mil 96 pesos y 147 mil 107.22 pesos, respectivamente, relativos a la “elaboración de ingeniería básica para el proyecto de construcción de la ciudad Judicial Nogales” y a la “construcción de juzgado y sala de juicio oral” en ese mismo recinto.
Además, se especifica la presunta inversión irregular de 283 mil 125.17 pesos para la “adecuación de área en estacionamiento para inclusión de Juzgado Digital en la Ciudad Judicial Veracruz”;
También aparece bajo observación un monto de 114 mil 184.50 pesos porque luego de la inspección física realizada a los bienes muebles adquiridos en el ejercicio 2019 por el Poder Judicial, no fueron localizados en el área física asignada y no presentaron evidencia de los resguardos correspondientes. Se trató de equipos de cómputo.
