Disminuir la violencia sigue siendo una asignatura pendiente para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría Marina en tareas de seguridad pública, así como el aumento del número de elementos que integran la Guardia Nacional no han sido suficientes.
Expertos consultados por RT aseguran que la estrategia de seguridad de la denominada ‘Cuarta Transformación’ no está dando resultados. El número de homicidios no disminuye en la medida en que aumentan los elementos de la Guardia Nacional y la instalación de cuarteles a lo largo y ancho del país.
Manifiestan preocupación sobre la participación de los militares en diversas áreas si no se acompaña de mayor transparencia y rendición de cuentas. El presidente mexicano, por su parte, ha encomendado a las Fuerzas Armadas no solamente el combate de la inseguridad y la violencia, sino también otras tareas relacionadas con la esfera civil.
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Desde el manejo de puertos, la supervisión de aduanas y la contención del flujo de migrantes centroamericanos, hasta la construcción de megaproyectos de infraestructura y sucursales bancarias, el creciente protagonismo de las Fuerzas Armadas es evidente.
Despliegue militar no se ha traducido en pacificación
El Gobierno de México ha venido incrementando el número de efectivos de la Guardia Nacional desde que comenzó su despliegue en julio de 2019. A la fecha, esta corporación cuenta con casi 100.000 elementos.
De ese total, 84.954 están movilizados a lo largo y ancho del territorio nacional para “salvaguardar la seguridad de los ciudadanos”, mientras que 17.990 se encuentran realizando tareas de apoyo o administrativas, según informó Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.
Para 2024, la presencia territorial será incluso mayor a la prevista. A finales de julio, el presidente López Obrador anunció un incremento del presupuesto de la Guardia Nacional de 50.000 millones de pesos (unos 2.500 millones de dólares), recursos que serán destinados a ampliar los elementos de la corporación, así como el número de cuarteles, que pasarán de 266 a 500.
El aumento de efectivos, sin embargo, no se ha acompañado de una disminución proporcional en el número de homicidios. De acuerdo con cifras oficiales, de enero a junio de este año el delito de homicidio doloso se redujo en apenas un 3,5% respecto al mismo periodo de 2020.
Salvador Maldonado, profesor e investigador del Colegio de Michoacán, estado donde los homicidios se han doblado y hasta cuadruplicado en 21 de sus municipios, en comparación con los primeros cinco meses del año pasado, comenta que el despliegue de Fuerzas Armadas no ha conseguido traducirse en socavar la delincuencia y el crimen organizado.
“Las organizaciones criminales, aquí en Michoacán, por ejemplo, continúan agrediendo a la población civil. El Ejército prácticamente está inmovilizado, no se despliega para menguar a estos grupos”, detalla el especialista.
Una estrategia de seguridad efectiva, aclara Maldonado, no necesariamente implicaría un mayor uso de la fuerza, sino métodos que permitan generar zonas de pacificación. Lo que preocupa, explica, es que el Gobierno está perdiendo el control en varias regiones, donde grupos criminales imponen su ley.
“En medio de un conflicto entre grupos armados, se ha venido desplazando a la población civil. Hay algunas zonas, en Aguililla (Michoacán), por citar un caso, donde ya no están llegando los víveres y medicamentos. ¿Cuál es la estrategia del Gobierno? El Ejército no está cumpliendo su papel, tampoco las policías estatales y municipales”, lamenta.
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Una estrategia de seguridad efectiva, aclara Maldonado, no necesariamente implicaría un mayor uso de la fuerza, sino métodos que permitan generar zonas de pacificación.
El académico puntualiza que, más que intensificar el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, la clave está en rediseñar una estrategia de pacificación de manera integral. “Hasta el momento, la militarización no ha traído consigo una reducción significativa de la inseguridad y la violencia, es una paradoja”.
Participación en megaproyectos
Durante el actual Gobierno se observa un creciente protagonismo de las Fuerzas Armadas en la vida institucional. Las corporaciones militares se han venido haciendo cargo de tareas y responsabilidades que generalmente corresponden a la esfera civil.
Tras la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, localizado en Texcoco, el Ejército participa en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en el terreno de la base militar de Santa Lucía.
Por otro lado, bajo el argumento de fortalecer la seguridad en los puertos y la Marina mercante, el presidente López Obrador anunció en julio del año pasado que traspasaría su control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina.
Sobresale el rol de las corporaciones militares en los proyectos insignia de la denominada ‘Cuarta Transformación’. Ingenieros de las Fuerzas Armadas llevan adelante la construcción de varios tramos de la vía de lo que será el Tren Maya, un megaproyecto de infraestructura que conectará cinco entidades federativas de la región sur sureste.
Y no solo se trata de la construcción. El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, precisó que las ganancias generadas por el transporte de pasajeros y carga serán transferidas a la Secretaría de la Defensa Nacional, institución que además será propietaria de la totalidad de la obra. El otro megaproyecto ferroviario, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, será adjudicado a la Secretaría de Marina y cuatro Gobiernos estatales.
Las Fuerzas Armadas juegan también un papel clave en la política social del Gobierno, aunque de manera indirecta. La Secretaría de la Defensa Nacional está construyendo cientos de sucursales del Banco de Bienestar (encargado de transferir los recursos de los programas sociales) y la Guardia Nacional se hará cargo de la seguridad de las pipas de Gas Bienestar, la empresa pública que promete garantizar precios bajos de gas LP.
Salvador Maldonado considera que en sí mismo no es un problema que elementos de las corporaciones castrenses participen en actividades de la esfera civil, si cuentan con las capacidades técnicas.
“Si las Fuerzas Armadas tienen ingenieros para construir un aeropuerto, me parece bien que lo hagan, lo que debe haber es un escrutinio público sobre las licitaciones y la administración de la obra”, sugiere.
El asunto de fondo, asegura, es que la mayor participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública debe acompañarse de una mayor supervisión. En ese sentido, insiste: “Me preocupa que bajo este Gobierno se argumenten razones de seguridad nacional para no actuar con transparencia y rendición de cuentas”.
El viraje de López Obrador
Durante los últimos 15 años, la estrategia para combatir la inseguridad ha tenido como eje incrementar el número de Fuerzas Armadas. Sin embargo, la violencia se incrementó a una escala sin precedentes a partir del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuando comenzó la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’.
Las Fuerzas Armadas se involucraron en tareas de seguridad pública, contraviniendo el marco constitucional. La estrategia estuvo enfocada en la detención de capos de la droga, con lo cual se intensificaron las tensiones entre grupos criminales y la violencia no hizo sino aumentar, sostiene una editorial del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con un reporte publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), este enfoque sobre seguridad derivó en graves violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas perpetradas por el Ejército y la Marina, detenciones arbitrarias y tortura, así como ejecuciones extrajudiciales.
Bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) no hubo ruptura, sino continuidad en la estrategia. El saldo de este enfoque para combatir la inseguridad y la violencia son más de 350.000 homicidios y 85.000 desaparecidos desde 2006 a la fecha, de acuerdo con datos oficiales.
La llegada de López Obrador a la presidencia auguraba un cambio de rumbo. El político tabasqueño había prometido “regresar a los militares a los cuarteles”. De hecho, el mandatario sostenía que el Ejército debía encargarse de defender la soberanía nacional y que una Policía Federal profesionalizada estaría al frente del combate de la inseguridad y la violencia.
Por eso es que, ya instalado en el Palacio Nacional, sorprendió su cambio de postura, recuerda Salvador Maldonado, investigador especializado en temas de seguridad y crimen organizado.
El académico mexicano comenta a RT que, de la promesa de regresar al Ejército a los cuarteles, en la actualidad López Obrador cuenta con una estrategia de seguridad que se apoya básicamente en las Fuerzas Armadas.
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En 2019, el mandatario envió una iniciativa de reforma para la creación de la Guardia Nacional, una institución castrense que vendría a cubrir el vacío de la Policía Federal, corporación que, según el mandatario, no había dado resultados y estaba plagada de corrupción e infiltrada por la delincuencia y el crimen organizado.
La propuesta generó divisiones dentro de la bancada legislativa del oficialismo, toda vez que la Guardia Nacional tendría mando militar. Tatiana Clouthier, en ese entonces diputada federal, argumentó que la iniciativa presidencial no correspondía con lo prometido en campaña. Ante el rechazo de la propuesta, el Gobierno modificó el plan y propuso un mando mixto.
Así, la Guardia Nacional nació como una fuerza militarizada bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En mayo de ese mismo año, sin embargo, el presidente publicó un acuerdo que autorizaba la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional hasta 2024.
“La militarización en México no es solo territorial, sino también jurídica, se dan garantías constitucionales para poder llevarla adelante. Bajo este Gobierno se están cometiendo los mismos errores, se sigue creyendo que la militarización va a mitigar la violencia”, sostiene Maldonado.
A mediados de este año, tras la elección intermedia para renovar el Congreso, el mandatario anunció que mandaría un conjunto de reformas a la Constitución, entre las que se incluye una sobre la Guardia Nacional, que finalmente pasaría a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El anuncio ha generado de nuevo divisiones al interior de los partidos políticos aliados del oficialismo, que consideran que la propuesta incumple el compromiso de retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública para cuando termine el sexenio, como se planteó cuando se lanzó la Guardia Nacional.
