La venta de armas de empresas de EE.UU., Europa e Israel a México, que se intensificó con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, solo sirvió para incrementar la violencia y las violaciones a los derechos humanos y no representaron, en ningún caso, mayor seguridad para la ciudadanía, lo que se suponía era su principal objetivo.
Esta es la conclusión central del informe “Comercio Mortal: Cómo las exportaciones de armas europeas e israelíes están acelerando la violencia en México”, que fue realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Ecuménicos y otras organizaciones no gubernamentales de EE.UU., Bélgica, Italia, Israel, Alemania y República Checa.
El documento, que fue presentado a finales del año pasado, adquiere relevancia en medio del debate que desató la histórica decisión del Gobierno mexicano de demandar a 11 empresas fabricantes y distribuidoras de armas de EE.UU., a las que acusa de promover prácticas que facilitan el tráfico ilegal a México.
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El resultado más preocupantes es que miles de armas terminan en manos de los cárteles, como lo demuestran los decomisos anuales, y que las fuerzas Armadas y de Seguridad terminan usándolas para cometer masacres y violar derechos humanos.
De acuerdo con el informe, el problema no es solamente el tráfico ilegal, sino la exportación legal porque, entre más armas tienen las fuerzas Armadas y de Seguridad, mayor es la violencia.
Cifras del horror
El documento precisa que empresas con sede en Europa e Israel exportaron más de 238.000 armas de fuego a México para el uso de la policía estatal y municipal entre 2006 y 2018, es decir, desde que el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, hasta que terminó el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante ese periodo, señala, la violencia aumentó drásticamente. Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que en 2007, por ejemplo, hubo 8.867 asesinatos, pero en 2018 llegaron a los 35.964.
Durante este periodo, las armas se vendieron a la Policía en los 32 estados de México. El 95 % está destinada a uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ya que la venta legal de armas a civiles está restringida.
“Estas transferencias de armas no condujeron a una mayor seguridad para la población mexicana”, subraya el Informe, ya que México sufrió más de 276.000 asesinatos entre 2006 y 2019.
