Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron este lunes por declarar inconstitucional la criminalización del aborto.
El proyecto de la Corte, derivado de una impugnación que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, pretende declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.
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“El vicio de inconstitucionalidad se traduce en que la disposición califica el actuar de la mujer como un crimen, con las consecuencias inherentes a tal configuración legislativa. Esto contribuye negativamente al pleno despliegue del derecho a elegir”, propone el proyecto del ministro Luis María Aguilar.
La decisión del Supremo sólo invalidaría el código penal del estado en cuestión, Coahuila, pero si ocho de los 11 ministros del pleno votan por el proyecto, se sentaría un precedente que obligaría a los jueces del resto de los estados a fallar a favor de las mujeres.
Tras presentar el proyecto y los argumentos, los ministros de la Suprema Corte levantaron la sesión de este lunes, por lo que seguirá la discusión este el martes, donde se espera que se vote la acción de inconstitucionalidad
Además de Aguilar Morales, los otros ministros que manifestaron su apoyo al proyecto fueron Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
Grupos conservadores mexicanos protestan con rezos afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes debate un histórico proyecto que considera inconstitucional la penalización del aborto en la primera etapa del embarazo.
Actualmente, el aborto está despenalizado en cuatro de los 32 estados de México: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.
La Suprema Corte ya había resuelto una controversia constitucional en 2008, cuando declaró constitucional la despenalización del aborto en la capital del país, el entonces Distrito Federal.
Y apenas en julio pasado, por unanimidad, resolvió la Primera Sala declaró inconstitucional penalizar a mujeres víctimas de violación que deciden abortar después de los primeros 90 días de embarazo.
