A 15 meses del inicio de sus litigios contra la construcción del Tren Maya por violaciones a sus derechos humanos, comunidades indígenas de la Península de Yucatán acusaron que las autoridades judiciales han relegado sus recursos, dejando una falta de sanción contra las autoridades responsables de la afectación a sus recursos y vida.
Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a través de sus representantes, exhibieron que ha prevalecido dilación de los juicios y desacato de las suspensiones.
De acuerdo con su reclamo, algunos amparos siguen a la espera de ser admitidos, puesto que los juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro.
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“Uno de estos amparos transitó de los juzgados de CDMX a Campeche, y en Campeche se envió una parte a Quintana Roo y a Yucatán, pues los juzgados argumentaron que no podían conocer del asunto y que les correspondía a otro juzgado”, acusan.
Señalaron que cuando finalmente se definió el juzgado competente, el Consejo de la Judicatura Federal, a petición de Nacional Financiera y sin avisar a los promoventes de los amparos, decidió que todos los asuntos relacionados con el Tren Maya fueran conocidos por el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, por lo que ahora se sigue en espera de alguna respuesta.
En sus demandas contra el proyecto del Tren Maya, las comunidades reclaman violaciones a sus derechos a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, a la vivienda, la salud, a la información pública y derechos ambientales, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
Respecto al último punto, las comunidades indígenas denunciaron la deforestación de al menos 144 hectáreas de selva maya en sitios en los que se construye el Tren Maya, actividades que consideraron están “al margen de la ley”.
“A partir de los resultados de los sobrevuelos, se contrastaron dichas imágenes con las satelitales correspondientes a un año antes, lo que dio como resultado que se han realizado cambios de uso de suelo en terrenos forestales”, indicaron.
Reiteraron que las acciones constituyen una violación directa al derecho a un medio ambiente sano pues, al no existir estudios ni autorizaciones que justifiquen la viabilidad de desmontar terrenos forestales, existen riesgos y daños ambientales que vulneran su salud.
En otro punto aseguraron que, aunque se ha modificado el trazo del proyecto del Tren Maya, en algunas poblaciones como Campeche y Mérida para evitar desalojos, en comunidades mayas continúa el proceso de desalojo forzoso.
“Se ha presionado a pobladores que han presentado amparos para que entreguen sus terrenos bajo la promesa de recibir después casas nuevas, en la mayoría de los casos sin garantías o convenios que les den certeza jurídica”, puntualizaron.
