Un juez local dio un plazo de ocho días a la Fiscalía de Chihuahua para que restituya al exgobernador César Duarte los 10 inmuebles que le fueron asegurados durante los procesos penales abiertos en su contra.

La orden para la devolución de las propiedades se efectuó mediante un acuerdo judicial el 3 de septiembre pasado, pero a la fecha ha sido omitida por la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos de la dependencia estatal.

De incumplir con el mandato en el lapso establecido, la dependencia se hará acreedora a una multa y estará previsto en el supuesto de incurrir en la figura del desacato.

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El oficio 2459/2021, refiere al juicio de extinción de dominio que se abrió durante la administración del exgobernador Javier Corral, bajo el número de expediente 74/2021.

El juez Erik Alberto Parada, de la octava sala civil especializada en extinción de dominio, consideró que al privar a Duarte de sus bienes por los supuestos delitos cometidos se violentó el debido proceso.

El acuerdo detalla además que quien emitió el oficio que ordena tal restitución no refiere ni sustenta un acuerdo de voluntades, “sino el cumplimiento irrestricto del orden legal ordenado por quien tiene facultades, argumentos y fundamentos para tal mandato”.

“Mediante este juicio, la anterior administración estatal trató de manera ilegal y absurda privar de su propiedad a nuestro defendido por supuestos delitos en su calidad de gobernador del Estado”, dijo el abogado Juan Carlos Mendoza Luján, representante legal de Duarte.

Añadió que esta acción violentó no solo el debido proceso, sino cualquier ejercicio razonable de justicia, al tratarse de bienes que fueron adquiridos por el acusado mucho antes de haber asumido el cargo de gobernador del Estado.

César Duarte, se encuentra actualmente preso en una cárcel de Miami. El pasado 8 de noviembre, la juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Lauren F. Louis, autorizó su extradición al país y, al momento, se espera que defina una fecha para presentarlo ante las autoridades mexicanas.

La juez consideró que hay indicios probables de que Duarte malversó fondos públicos de Chihuahua para fines personales, como es el pago de tarjetas de crédito personales y el presunto desvío de recursos a la asociación Unión Ganadera Regional General División del Norte y a la Financiera de la División del Norte, vinculadas a él.

Entre los ranchos que el gobierno de Javier Corral quitó a Duarte, se encuentran El Saucito, que tiene una extensión de cuatro mil 300 hectáreas; los predios La Mesa, de 511 hectáreas; Mesa de Las Ajuntas, con una superficie de mil 95 hectáreas, y Rancho de En medio, de 551 hectáreas, todos ubicados en el municipio de Balleza. También se encuentra el rancho El Aranjuez, en Parral.

Bienes que, de acuerdo con Mendoza Luján, le fueron asegurados a su representado “en un juicio irracional”.

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