La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica tendría impactos negativos en las finanzas públicas del país, que podrían llegar a representar hasta el 20 por ciento del presupuesto, señaló Mariana Campos, especialista de México Evalúa.
Durante su participación en el foro Los impactos económicos y financieros para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Hacienda Pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad, la especialista detalló que la iniciativa de reforma no fortalece a la CFE ni resuelve los retos del sector.
“La iniciativa propone cancelar contratos de participación privada que derivarían en litigios, pagos de indemnizaciones y otros temas que están valuados en más de 60 mil millones de dólares, esto es una destrucción de valor, mejor deberíamos enfocar la reforma en una misión distinta”, dijo.
La especialista en finanzas públicas agregó que aumentar la participación de generación eléctrica de la CFE elevará los costos del servicio eléctrico para los ciudadanos, lo que se traducirá en mayores tarifas eléctricas.
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“Y si las tarifas se mantienen estableces será a través de subsidios que la Secretaría de Hacienda entrega a CFE y que son financiados con nuestros impuestos”, subrayó.
También resaltó que México apenas recauda el 16 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio en Latinoamérica es de 23 por ciento.
“Por lo tanto, el presupuesto anual es limitado, el costo de oportunidad de este recurso es enorme, por cada peso destinado a subsidiar electricidad se deja de invertir en educación, seguridad y otros temas”, indicó.
En el mismo tema, Francisco Salazar, expresidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), puntualizó que el costo del suministro básico también se elevaría como resultado de la iniciativa.
“El impacto económico mínimo que podría esperarse como resultado de la reforma es de 4 mil millones de dólares”, apuntó.
Como punto preocupante, Salazar destacó que la reforma tiene la necesidad de consumir el excedente de combustóleo que producirán las refinerías del país, “esto es resultado de la idea equivocada de incrementar la refinación en el país, aunque nos cueste más”, dijo.
Asimismo, condenó que los costos económicos de la reforma los pagarán los hogares mexicanos, la industria y los contribuyentes.
En tanto, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que alrededor de 40 mil millones de dólares de inversión privada se encuentran detenidos, debido a la incertidumbre que existe por la iniciativa.
“Podemos ver que no es una ley para México, sino para la CFE, ya que no quiere recibir competencia, desea ser financiada con dinero público”, dijo.
