Con ajustes para su ejecución que incluyen garantizar la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la venta de instrumentos como los certificados de energía limpia (CEL), además del cobro en pesos para evitar los riesgos cambiarios, las subastas de largo plazo para la compra venta de energía renovable de largo plazo serían la mejor ruta para alcanzar los objetivos de mitigación de emisiones de carbono del sector eléctrico en México, aunque se requeriría de por lo menos 15 veces lo que se ha ejecutado hasta ahora, coincidieron expertos.
En el 10 foro del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica en la Cámara de diputados este miércoles se llegó a la conclusión de que la inversión privada bajo la rectoría del Estado y con orden en las interconexiones puede llevarse a cabo incluso si se aprueba la reforma constitucional para modificar los Artículos 25, 27 y 28 y que en el 46% de la generación eléctrica nacional que se permitirá a privados se pueden incluir subastas de energía de largo plazo, pero con adecuaciones.
Carlos Aurelio Hernández González, vicepresidente nacional de Energías Renovables en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) explicó que las subastas de largo plazo son un instrumento creado en mercados internacionales para que los usuarios de energía accedan a energía más barata y en México se logró ese objetivo al obtenerse los precios más baratos en su momento para la energía eólica y fotovoltaica en 2018; lo anterior no se tradujo en menores tarifas por el esquema de subsidios cruzados con que se maneja el suministro básico, pero conforme se efectúen más subastas, la reducción de costos por la caída en la compra de combustibles arrastraría inevitablemente a que baje el precio de la energía.
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“Son procesos perfectibles, sin duda. Si hubo quienes abusaron, se deben mejorar los procesos de vigilancia y control, que México se vuelva ejemplo de combate a la corrupción en este sentido”, dijo, “los riesgos de la volatilidad cambiaria bien los puede asumir el oferente y no el Estado, o sea, hacerlas en pesos, y con una participación garantizada de la CFE para vender energía, CEL y potencia”.
El empresario aseguró que también es posible dejar claro el esquema de cobros para que quienes se interconectan financien la rede de transmisión, aunque aseguró que hoy en día cualquier usuario de cualquier tamaño paga sus transformadores de corriente o acometidas e incluso los granes usuarios, con el protocolo tarifario K, donan al sistema los equipos que instalan para que se les pueda distribuir electricidad.
Sin embargo, José Martín Mendoza Hernández, director de CFE Suministro de Servicios Básicos, recordó que en la legislación vigente se permitió que cualquier productor de energía renovable se pudiera instalar donde quisiera, limitando además la participación de la CFE para la venta de productos con las repotenciaciones que regularmente hace en energía limpia como la nuclear, hidroeléctrica, geotermia, a lo que la estatal propuso al gobierno federal mejorar el esquema sin que le fuera permitido por administraciones anteriores y posteriormente frenado por el poder judicial, lo que obligó al cambio constitucional.
Según él, hoy en día las subastas generan 5% de la energía efectiva del país, “¿cuántas necesitaremos ejecutar para alcanzar el 30%?”, cuestionó. En tanto, consideró que también se debe ajustar la obligación de adquisición de energía mediante las subastas para la CFE, porque ésta tuvo un impacto de 1,300 millones de pesos en las finanzas de la CFE ya que se llegó a un precio de 19 pesos por unidad de CEL, potencia y energía en 2020, con lo que hubiera sido más barato comprar en el mercado.
Por su parte, José María Lujambio, abogado especialista en Energía, aseguró que la CFE debería de concentrarse en lo que la Constitución le señala como servicios públicos, que son transmisión y distribución, puesto que esto le deja dinero pero se transfiere a subsidios cruzados que sólo dañan las finanzas de la estatal y continuarán si no se afina la propuesta de iniciativa de reforma en este sentido.
Finalmente, Mario Morales Vielmas, director general de CFE Intermediación de Contratos Legados, explicó que los mercados eléctricos mayoristas han demostrado en el mundo que las tarifas domésticas se incrementan, por lo que el argumento tarifario fue un engaño de la reforma del 2013, pero se puede corregir la ruta fortaleciendo a la CFE y beneficiándose de la inversión privada bajo la rectoría del Estado.
“Tendremos que seguir invirtiendo de acuerdo a la planeación para lo que requiere el país y esto implica la supervisión del Estado, no dejar todo en manos de un mercado con fines distintos al social que después traería problemas como el que hoy viven los consumidores de energía en España, donde ya hubo una especie de Fobaproa eléctrico”, dijo.
