El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha dicho que el Tren Maya, una de las obras insignia de su gobierno, va a significar una inversión de 150.000 millones de pesos –cerca de 7.500 millones de dólares– y por haber tomado la decisión de construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y cancelar el de Texcoco, se estarían ahorrando 125.000 millones de pesos –cerca de 6.250 millones de dólares–, es decir, “con este ahorro se está financiando el Tren Maya”, según el mandatario.
De acuerdo con expertos, esa declaración podría ser “engañosa”, debido a que la ASF (Auditoría Superior de la Federación) concluyó que la cancelación del NAICM (Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), en el antiguo Lago de Texcoco, costará por lo menos 331.000 millones de pesos –más de 16.000 millones de dólares–, es decir, casi tres veces más de lo estimado por el Gobierno Federal.
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No es la primera vez que el megaproyecto de AMLO está inmerso en una polémica. Recientemente, asesores de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) advirtieron al Gobierno de México sobre la necesidad de tener permisos ambientales antes de iniciar la construcción del Tren Maya. El presidente mexicano ha reiterado en más de una ocasión que “las empresas tienen que cumplir en tiempo, nada de que te vamos a andar supervisando día y noche y pidiéndote comprobantes”.
Y es que, de acuerdo con la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), en julio de 2020, el organismo le advirtió a la administración pública federal que los permisos ambientales eran “imprescindibles” antes de comenzar la obra. Para ello, la UNOPS detalló que el FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) requiere un “Documento Técnico Unificado” que vaya ligado a la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) y Cambio de Uso de Suelo para incorporar vialidades a los tramos 4 y 5 del Tren Maya. El gobierno de AMLO no siguió la recomendación.
Cabe mencionar que la construcción del Tramo 4 del Tren Maya, que partirá de Izamal y llegará a Cancún, inició en junio de 2020; y de acuerdo con la UNOPS, su MIA no fue ingresada hasta octubre de 2021 y aún no ha sido aprobada. El tramo de construcción supone 257 kilómetros y, de acuerdo con AMLO, ya se ha desmontado una franja de 40 metros de ancho arrasando con árboles y vegetación en, por lo menos, 80 kilómetros.
En mayo de 2019, medios locales en México revelaron que una empresa asesora de origen español que contrató FONATUR por 60 millones de pesos ya había alertado al Gobierno de AMLO sobre la necesidad de cumplir con la normatividad vigente, empezando por la emisión y respectiva aprobación de la MIA, en cada fase del proyecto.
