El combate a la corrupción en la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es selectivo, pues se persigue a los adversarios y se exonera a los aliados, de acuerdo con la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020-2021.
“La comunidad jurídica consultada identifica que la lucha anticorrupción está siendo utilizada para fines políticos, pues no se brinda el apoyo necesario al SNA (Sistema Nacional Anticorrupción) y otras entidades, al contrario, se les ataca desde el Poder Ejecutivo”, dice el estudio hecho por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, con sede en Nueva York.
“Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del presidente”, indica.
Sin embargo, lejos de terminarse, la corrupción ha persistido en la actual administración, se ha hecho un uso político de su combate y ha habido un deterioro de las instituciones encargadas de su prevención y persecución que ha abonado a la impunidad.
Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center y editor del trabajo, dice que pese a las declaraciones de López Obrador de que la corrupción se ha extinguido la evidencia, en contrario, lo ha desmentido cada vez que surge un nuevo escándalo que involucra a colaboradores o familiares.
“Queda claro que no es el caso que ya no exista porque no puede no haber corrupción si no hay autoridades independientes y no hay capacidad de estas autoridades para atacar la corrupción.
“Uno de los temas que salió en el reporte, fue ver con preocupación este discurso, porque por un lado se dice que se acabó la corrupción y se están persiguiendo casos de corrupción de administraciones pasadas, pero al mismo tiempo surgen casos de corrupción relacionados con la familia del Presidente o de servidores públicos de esta administración y no hay voluntad para castigarlos”, indica.
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En la actual Administración, dos de los hermanos del Presidente, Pío y Martín López Obrador, han sido exhibidos en video recibiendo fajos de billetes en efectivo, presuntamente para financiar de manera ilegal la campaña electoral de Morena en 2015, mientras que al hijo mayor del Mandatario, José Ramón López Beltrán, se le acusó de vivir en una casa de un contratista de Pemex y de trabajar con los hijos de un asesor honorario del tabasqueño.
El pasado 24 de enero, Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, en el cual México no tuvo avance respecto de la evaluación de 2020 al obtener una calificación de 31 puntos de 100 posibles y ubicarse en la posición 124 de 180 países evaluados.
Entre las razones por las cuales el país se estancó en la lucha anticorrupción, indica Transparencia Mexicana, es que los casos emblemáticos de corrupción heredados del sexenio anterior, como la Estafa Maestra, Odebrecht y la planta chatarra de Agronitrogenados no han sido sancionados en materia penal.
“Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente.
“(Además) hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las Fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al Gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga”, indica.
Datos reportados por el Inegi muestran que la corrupción, lejos de desaparecer como lo declaró el presidente, siguen siendo un flagelo que enfrentan en su día a día los ciudadanos, el 15.7 por ciento de los mexicanos mayores de edad reportaron en 2020 haber sido víctimas directas de un acto de corrupción, mientras que las empresas lo fueron en un 5.1 por ciento.
De 2013 a 2020, indica el Inegi, se registró un aumento sostenido en el porcentaje de personas víctimas de la corrupción, al pasar de 12.1 por ciento a 15.7 por ciento.
“En cuanto a los costos, en 2019 la población en México pagó por causa de la corrupción 12 mil 769.7 millones de pesos, 64.1 por ciento más que en 2017. En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó 3 mil 822 pesos en promedio (1,372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017)”, señala el Instituto.
