La inmigrante guatemalteca Juana Alonso Santizo, que pasó siete años en prisión preventiva en Tamaulipas (México) tras ser encarcelada sin pruebas por un presunto secuestro, quedó en libertad este sábado, informan medios locales.
En 2014 la mujer, originaria del municipio de San Mateo Ixtatán, intentó migrar a EE.UU., pero en la ciudad mexicana de Reynosa fue secuestrada por un grupo de criminales y obligada a realizar trabajos forzosos. Cuando fue liberada, las autoridades pensaron que se trataba de una de las delincuentes de la banda, por lo que fue detenida.
Según un comunicado emitido en 2018 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Santizo no entendía de qué le acusaban porque no hablaba español, solo chuj, su lengua materna. Asimismo, detalla que aprovecharon esta situación para hacerle firmar un documento donde aceptaba su culpabilidad.
Te puede interesar: Expectativa en la frontera: miles de migrantes se concentran en Ciudad Juárez para cruzar a EE.UU. si eliminan una política de Trump
Sin traductor ni ayuda consular
De acuerdo con la familia de la víctima, no se le facilitó un traductor ni tampoco se le puso en contacto con el Consulado de su país, por lo que solo se enteró de los motivos de su arresto cuatro años después, cuando empezó a saber un poco de español en prisión.
La historia de la mujer trascendió en los medios de comunicación y, tras varias protestas y marchas, la noticia llegó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la semana pasada pidió públicamente su liberación.
“Esta tarde se le notificó a la señora Santizo su liberación y el reconocimiento de inocencia”, explicó en un comunicado la Presidencia mexicana. “Fue detenida injustamente en 2014 y permaneció más de siete años en prisión por un delito que no cometió”, añadió.
Se violaron sus derechos
Fernando Castro, consultor en temas migratorios, aseguró que este caso representa la vulnerabilidad a la que están expuestos los inmigrantes indígenas, muchos de los cuales intentan entrar a Estados Unidos sin dominar el español.
En su opinión, el Estado de Guatemala debería interponer una demanda internacional para exigir el “resarcimiento económico” en favor de la inmigrante guatemalteca porque sus derechos humanos fueron violados.
Además, agregó que la Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) debería solicitar informes pormenorizados a la Cancillería del país centroamericano para determinar qué medidas concretas se tomaron para ayudar a Alonso, ya que resulta “inexplicable” que haya permanecido tanto tiempo en la cárcel sin ninguna prueba en su contra.
