Con 105 millones de dólares, el gobierno ecuatoriano puede garantizar por casi un año el Bono Joaquín Gallegos Lara, que se otorga a personas con discapacidades graves o enfermedades catastróficas y a menores de 18 de años con VIH-Sida en situación crítica. Son casi 40,000 personas las que reciben esa subvención de 240 dólares mensuales.
Esos 105 millones de dólares es el monto que, hasta el momento, la justicia ecuatoriana ha determinado que fue el perjuicio económico del caso Odebrecht. Así lo establecen cuatro sentencias penales, tres de ellas ya ejecutoriadas. Los condenados llegan a 15, quienes deberían pagar ese millonario valor como reparación.
A 5 años de que el escándalo de corrupción saliera a la luz, ni un centavo de la reparación ha entrado al fisco. Los sobornos han sido difíciles de recobrar, pues fueron entregados en efectivo o en cuentas bancarias de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Otro problema es que la Ley no pone un plazo para que las sentencias se ejecuten y el Estado pueda apropiarse de lo poco que los sentenciados dejaron en Ecuador. Además, la muerte de dos de ellos ha enredado más los procesos judiciales.
El Universo analizó caso por caso cuáles han sido las trabas para que la reparación no se ejecute y revisó qué bienes podrían ser incautados en Ecuador.
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En la lista de condenados están 5 exfuncionarios públicos:
Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de la República
Carlos Pólit Faggioni, excontralor general
Alecksey Mosquera Rodríguez, exministro de Electricidad
Ramiro Carrillo Campaña, exgerente de Transporte de Petroecuador
Carlos Villamarín Córdova, exgerente de Proyectos de la Empresa Pública del Agua (anteriormente Secretaría del Agua, adjunta a la Presidencia).
El resto son familiares, empresarios o empleados privados que ayudaron a entregar y a esconder los sobornos.
Además, la justicia aún busca a cinco prófugos, que fueron llamados a juicio, pero el proceso judicial está suspendido hasta su captura. Ellos son los empresarios ecuatorianos Ricky Dávalos Oviedo y Santiago Játiva Ordóñez, y el excontralor Carlos Pólit, quien ya fue sentenciado por concusión en otro juicio relacionado a la misma red de corrupción; así como los venezolanos Alexis Arellano Meléndez y Freddy Salas Neuman, quienes dirigieron la Refinería del Pacífico, un proyecto conjunto entre Petroecuador y PDVSA (de Venezuela).
Aunque en Estados Unidos la constructora declaró haber pagado 33.5 millones de dólares desde 2007 a 2016 para lograr beneficios equivalentes a unos 116 millones, la suma de las coimas confesadas por el director de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos Filho, llegó a 50.7 millones, principalmente entre 2010 y 2015.
A ese monto se deben sumar 14.1 millones de dólares pagados entre 2006 y 2011, que aparecen con códigos en las colaboraciones que investigó la justicia brasileña, entre ellas la que realizó Marcelo Odebrecht.
Adicionalmente, una investigación periodística del ICIJ en la que participó El Universo reveló que la constructora había pagado 230,000 dólares a una empresa de pantalla del exministro de Recursos Naturales no Renovables, Pedro Merizalde Pavón, quien no ha sido procesado judicialmente.
La investigación también descubrió que Odebrecht había desviado 7 millones de dólares de los contratos de la carretera Ruta Viva y del Metro de Quito, que se dieron entre 2014 y 2016, pero no se conoce si ese monto fue usado para pagar sobornos en Ecuador.
Odebrecht llegó a Ecuador en 1987 y desde entonces obtuvo 16 contratos para obras de infraestructura. En 2008, el entonces presidente Rafael Correa la expulsó del país por problemas con la hidroeléctrica San Francisco, pero regresó en 2010. Entre 2007 y 2016 Odebrecht declaró ingresos por 1.969 millones de dólares, con una utilidad gravable de 34 millones de dólares, según el Servicio de Rentas Internas.
