Las bandas del crimen cruzaron una nueva línea en México, en abierto desafío al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, exhibiendo su capacidad para desatar tres ataques callejeros en una semana, el último anoche en el norteño estado de Baja California y otra vez en el central de Guanajuato.
Las movilizaciones de hombres armados en las calles, incendiando negocios y vehículos, ocurren en momentos en que López Obrador anticipó días atrás que decretará el traspaso del mando de la Guardia Nacional del ministerio de Seguridad a las Fuerzas Armadas, lo que generó fuertes críticas de la oposición, de expertos y de activistas.
Especialistas en temas de seguridad, a las que sumó la oficina en México de Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestaron su preocupación sobre el impacto que tendrá este acuerdo en la militarización del país.
Te puede interesar: Pacientes discriminados y personal sin protocolos: México carece de estrategia para enfrentar la viruela del mono
Después de dos jornadas de miedo en varias ciudades de Guanajuato, del estado occidental de Jalisco primero y después de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, frontera con Estados Unidos, donde murieron 11 personas, anoche se repitieron las mismas escenas en Guanajuato y en varias ciudades de Baja California.
Por lo menos 19 vehículos de transporte público y de carga y autos particulares fueron incendiados por hombres armados en las ciudades de Tecate, Tijuana, Playas de rosarito, Mexicali y Ensenada, en Baja California, en la frontera con Estados Unidos.
Aunque no se reportaron muertos o heridos, numerosas personas vivieron horas de pánico y sufrieron crisis nerviosas, resguardados en edificios y negocios, hasta que la situación, iniciada antes del anochecer concluyó poco después de medianoche. La gobernadora de Baja California, Marina Ávila, convocó de emergencia a una “mesa de seguridad” y anunció el arresto de varios responsables de estas acciones que no parecían tener un motivo aparente, como ha ocurrido en el pasado, que sucede cuando las fuerzas del orden detienen a algún jefe criminal.
“Les pedimos que les cobren las facturas a quienes no les pagaron, a los que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”, señaló la intendente de Tijuana, la principal ciudad de Baja California, Montserrat Caballero.
El Consulado de Estados Unidos en Tijuana aconsejó, a través de una tarjeta informativa a sus empleados, mantenerse resguardados en donde se encuentren hasta nuevo aviso, debido a la violencia en las calles.
En Guanajuato, los actos de sabotaje y vandalismo, como la quema de vehículos y el bloqueo de calles, ocurrieron sólo en Celaya, pero ya no en varias ciudades como el miércoles pasado. Especialistas consideraron que, al duplicar la apuesta las organizaciones del crimen, el gobierno debe responder con firmeza y dar un giro a su estrategia de seguridad, que ha sido fuertemente cuestionada, y que se inspira en la filosofía del presidente de “abrazos, no balazos”, para diferenciarse de sus antecesores, que apostaron todo al enfoque represivo.
Yuriria Rodríguez, especialista en prevención del terrorismo transnacional en México, señaló a la emisora local MVS que estos ataques “no fueron aislados, ni una casualidad” sino busca “exhibir aún más” la violencia de que son capaces los grupos criminales.
“Estamos ante un Estado que no tiene capacidad de respuesta, ahora ya incluso con ataques directos a la sociedad civil”, expuso y dijo que la escalada de ataques “da la impresión de haber sido planeada y organizada simultáneamente”.
“Esto es un atentado directo contra la sociedad, han muerto civiles, niños inclusive. ¿Qué estamos esperando para reconocer esto?”, se preguntó la especialista.
El experto en seguridad Alejandro Hope consideró que “los ataques de esta semana son muestra de desorganización de las autoridades, no de poderío descomunal de los criminales” al exponer que existen “experiencias exitosas de atención a estos problemas” que podrían adoptarse.
La larga pesadilla de violencia que vive el país desde hace más de 15 años, cuando el gobierno lanzó su fallida “guerra contra el crimen” con apoyo de las Fuerzas Armadas, arroja hasta ahora la escalofriante cifra de más de 420.000 muertos y unos 100,000 desaparecidos.
