Tras la aprobación de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pasar la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la Cámara de Diputados, han surgido distintas críticas y preocupaciones.
Entre ellas, la grave amenaza que esta reforma representa a los derechos humanos y la transparencia, ha señalado la organización Human Rights Watch.
“Casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad”, señaló Tyler Mattiace, investigador para México de Human Rights Watch.
“El presidente López Obrador debería abandonar la estrategia abusiva y fallida de seguridad militarizada adoptada por sus predecesores y emprender un esfuerzo para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de carácter civil en México”, expresó el experto el pasado 26 de agosto.
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La organización detalló que los militares han sido desplegados desde 2006 para ejecutar tareas de seguridad pública y, en lugar de reducir los niveles de violencia en el país, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura.
Los datos más recientes sobre violaciones apuntan a un crecimiento en las denuncias por violaciones a los derechos humanos en contra de Sedena (incluida la Guardia Nacional). Según el sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, en 2018 la CNDH recibió 382 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional y 284 contra la Secretaría de la Marina.
Para 2019 la CNDH recibió 482 quejas contra SEDENA y 274 contra la Policía Federal. En 2020, en su primer año de operación, aparece Guardia Nacional como una de las 10 autoridades con más señalamientos por violaciones a los derechos humanos en la CNDH.
“Mientras que SEDENA tuvo 237 quejas, la Guardia Nacional fue señalada 209 veces226. Entre las violaciones señaladas se encuentran: detención arbitraria, intimidación, trato cruel y degradante”, explicó el el Monitor de Uso de la Fuerza Letal, construido por expertos y organizaciones de ocho países (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Venezuela).
