La única manera de presumir logros en seguridad es mintiendo. Van algunas verdades:
El Sistema Nacional de Seguridad Pública está colapsado y su ley es incumplida permanentemente, pues no promueve el desarrollo policial, ministerial y del sistema penitenciario:
Los presupuestos disminuyen o desaparecen: el fondo federal para apoyar la seguridad en los estados se encuentra estancado y el fondo federal para apoyar los municipios desapareció. Y, mientras tanto, asesinan a más de 1 policía cada día en promedio.
No hay ningún esfuerzo para desarrollar la capacidad de investigación de las fiscalías. La Fiscalía General de la República (FGR), que debería ser ejemplo, está subordinada sin disimulo al presidente, y su desempeño es lamentable en términos de eficiencia y eficacia. Se siguen acumulando carpetas de investigación: según el INEGI, la FGR acumula más de 50,000 averiguaciones previas y carpetas de investigación pendientes de concluir.
Durante este sexenio se han cerrado cinco penales federales a pesar de que prácticamente la mitad de los centros penitenciarios del país tienen sobrepoblación penitenciaria. Entre los centros penitenciarios cerrados se encuentran tres de los más importantes del país: Puente Grande, en Jalisco; Topo Chico, en Nuevo León, y la colonia penal de Islas Marías. Este último era el penal federal mejor evaluado, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La militarización de la seguridad pública y de otras funciones civiles avanza sin pausa y sin resultados. No existe ninguna voluntad por desarrollar capacidades policiales y ello se refleja, entre otros indicadores, en que, de los más de 100 mil elementos de la Guardia Nacional, 7 de cada 10 no cuentan con el Certificado Único Policial, que acredita contar con las aptitudes para desempeñar esa función.
En lo que va del sexenio, considerando el presupuesto ya aprobado para 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional ha incrementado sus recursos nominales en 53%, la Secretaría de Marina en casi 18% y la Guardia Nacional en más de un 33%. A estos recursos se suman todo tipo de donaciones, ingresos extrapresupuestales y negocios, al tiempo que se reduce el presupuesto para prácticamente todas las responsabilidades de gobierno.
El gobierno impulsó una Ley de Amnistía que sólo ha beneficiado a 190 personas. Como parte de la propaganda oficial, ahora se afirma que se liberará a más reos, sin claridad en criterios ni procedimientos, mientras se encarcela de manera arbitraria, ampliando los delitos por los que se puede enviar a prisión a una persona sin un juicio previo. El número de mexicanos en la cárcel pasó de 197 mil en diciembre de 2018 a 229 mil en agosto de 2022, 40% de ellos sin sentencia, con una tendencia en ascenso debido a la política de incrementar los delitos con prisión preventiva automática.
Estamos en el peor de los mundos: cada vez más gente inocente en la cárcel y cada vez más criminales impunes. Del inicio del sexenio hasta octubre de 2022, se reportaron 135,433 asesinatos; es decir, casi 93 asesinatos diarios. Los feminicidios continúan al alza; con todo y subregistro, suman al menos 3,859 casos. En el periodo, se han reportado 926,162 mil casos de violencia familiar, 36,660 extorsiones y 4,262 secuestros. Y, todo lo anterior, con más del 93% de los delitos sin denunciar.
Entre enero y octubre de 2022 han aumentado, en comparación con el mismo periodo de 2021, los reportes de extorsión (20%), trata de personas (23%), violencia familiar (7%) y narcomenudeo (4%).
Contrario al discurso oficial, en el país se acumulan todo tipo de atrocidades. En un conteo realizado por Causa en Común en medios de comunicación, de enero de 2020 a octubre de 2022 se han reportado 15,994 atrocidades, entre las que destacan 3,607 casos de tortura, 2,283 descuartizamientos, 2,147 hallazgos de fosas clandestinas y 1,634 masacres.
En síntesis, en este sexenio no hay un combate al crimen ni avance alguno para reducir la impunidad.
