En los cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han desaparecido en México más de 38 mil personas, en promedio, 26 al día.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación, las desapariciones diarias superan a las registradas durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la Organización I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, asegura que en México “no hay una política de combate a las desapariciones porque la política de combate tiene que estar anclada a una política de seguridad y como no existe una política de seguridad pública ni en los Estados ni a nivel federal, las desapariciones siguen aumentando”.
“La política de abrazos, no balazos, vino a fregarnos la vida. En mi colectivo somos 169 familias, mientras que en 2017 éramos cinco. De ese tamaño es el problema. En Guerrero las desapariciones han aumentado, de los casos que yo me entero, te puedo decir que cuatro o cinco personas diarias, sólo en Iguala y lugares cercanos”, explica Sandra Luz Román Jaimes, del Colectivo Madres Igualtecas.
De acuerdo con el registro oficial, del primero de diciembre de 2018 al corte de las 13:40 horas de ayer, 30 de noviembre, han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 38 mil 186 personas. El peor año de la presente administración, según sus propias cifras, ha sido 2021, con 10 mil 404 reportes, de los cuales 28% corresponde a mujeres.
“La desaparición de mujeres, niñas y adolescentes no para, también tenemos el fenómeno de desaparición de migrantes y además, hemos detectado la desaparición de algunos jóvenes que participan en la venta de droga”, afirma Juan Carlos Gutiérrez.
Organizaciones y colectivos lamentan el desdén y el desinterés que el gobierno de López Obrador ha mostrado con el tema de las desapariciones, cuando en la campaña electoral del 2018, el entonces candidato de Morena se comprometió a que el tema sería una prioridad.
“No hay compromiso de Estado en la materia, los gobernadores no se han comprometido en fortalecer las comisiones locales de búsqueda, pero el gobierno federal tampoco los ha obligado. Es una administración que tiene más de 20 gobernadores del mismo partido y no han firmado un solo pacto en contra de las desapariciones o un pacto de inversión para atender el fenómeno. No hay compromiso”, considera Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas.
Colectivos de buscadoras están olvidadas y sin protección
“Ellos (funcionarios federales) dicen que estoy segura porque estoy en un refugio muy bonito, lo agradezco muchísimo, pero estoy sola. Lo único que tengo es un botón de pánico que no me salvará la vida si alguien me quiere matar. Recibo amenazas por llamadas, por mensajes, por Facebook. Me dicen que deje de buscar o me atenga a las consecuencias”, relata Ceci Patricia Flores Armenta, quien encabeza al colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.
Dejar de buscar a los desaparecidos. Eso mismo le piden autoridades federales a cambio de la seguridad que ella necesita: “Me dicen: si quieres custodia permanente, tienes que dejar de buscar… ¡No!, le digo, yo prefiero seguir buscando así sin seguridad, no me importa”.
Asegura que ni el presidente López Obrador ni funcionarios federales han priorizado el tema y eso las vuelve aún más vulnerables: “Siguen desapareciendo y matando a la gente, no ha parado nada el gobierno. Es la verdad. Están al pendiente de muchos asuntos, pero no les importa el tema de la desaparición. De mi colectivo han muerto y han desaparecido madres en la búsqueda de sus hijos”.
Desde Guerrero, Sandra Luz Román, mamá de Ivette Melissa Flores Román, desaparecida en 2012, denuncia que las familias están en riesgo no solo en la búsqueda sino desde el momento de la desaparición, de ahí que su colectivo sume y sume casos no denunciados.
“Tengo 80 casos que no han sido registrados ni por el estado ni por la federación, por qué motivo, porque están amenazadas, porque si ponen una denuncia las van a matar. Ellas lo que esperan es que poco a poco me vayan recibiendo las denuncias en México, si tu pones una denuncia en Guerrero, los mismos ministerios públicos nos ponen con la maña (crimen organizado) y nos desaparecen”, detalla.
Critica que las autoridades federales intenten hacer “caravana con sombrero ajeno” con los hallazgos de sus colectivos: “Nosotros nos exponemos, nosotros buscamos y nosotros encontramos, para que vengan autoridades y nos saquen adjudicándose el trabajo. Si supieras cuántas correteadas nos han dado por el paraje Suriano (punto clave del caso Ayotzinapa), nosotros expusimos nuestras vidas desde 2019 y ahora en 2022, se lo quieren adjudicar”.
Comisiones de búsqueda, una farsa
De acuerdo con el recuento oficial, en México hay 108 mil 443 personas desaparecidas y no localizadas: 35% de los casos se han registrado en los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador. La justificación del presidente es que “ahora sí se cuentan”.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas coinciden en que el fenómeno es mucho más grave: primero, porque no todas las entidades reportan a la plataforma federal todas las desapariciones. Segundo, porque existe un grave subregistro de casos que tienen que ver con crimen organizado y desaparición forzada.
“Las desapariciones tienen y necesitan la corrupción institucional, hay casos donde hay funcionarios públicos involucrados de una o de otra manera, por acción u omisión, permiten que el fenómeno se realice. No es un tema de leyes, tenemos la ley, los protocolos de búsqueda inmediata, de niños, de mujeres, lo que no existen son ministerios públicos comprometidos para avanzar”, explica Juan Carlos Gutiérrez.
Enfatiza que la situación empeora cuando las comisiones locales de búsqueda terminan siendo un engaño: “Oaxaca tiene una comisión de búsqueda con menos de 10 personas, o Yucatán tiene una persona, una, entonces hay 500 desapariciones, es una farsa el tema, es una farsa. El ministerio público abre la carpeta, no ordena las diligencias que tiene que ordenar y lo que hace es remitir a la comisión de búsqueda, entonces se supone que alguien está buscando, pero nadie busca”.
En la segunda entrega de la revisión de la cuenta pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades en la atención de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, tanto a nivel nacional como en comisiones locales.
De los subsidios transferidos a 30 estados por 581 millones 941 mil pesos para la búsqueda de personas, la ASF constató que nueve entidades no utilizaron el dinero, lo regresaron y no explicaron el motivo del subejercicio.
Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Estado de México “reintegraron recursos por 121 millones 721 mil pesos que representaron desde el 30.3% al 100% del total ministrado a cada una, sin justificar las causas por las cuales no ejercieron la totalidad de los recursos”.
Las entidades con el mayor número de casos reportados a la federación de personas desaparecidas durante los últimos cuatro años son: Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Michoacán.
