Una parte del proyecto de ley de presupuesto de Estados Unidos de 1.7 billones de dólares, aprobado el viernes, ha sido presentada como un paso espectacular para reforzar las cuentas de jubilación de millones de trabajadores estadounidenses, pero la verdadera ganancia puede ir a parar a un grupo mucho más seguro: el sector de los servicios financieros.
La iniciativa de ahorro para la jubilación —denominada Secure 2.0— reajustaría el modo en que las personas se inscriben en los planes de jubilación, al pasar de exigirles que se acojan a los planes a pedirles que se den de baja si no los quieren. La disposición pretende garantizar una mayor participación de personas.
También permite que los trabajadores usen los pagos de sus préstamos estudiantiles como un sustituto de sus contribuciones a sus planes de jubilación —lo que significa que podrán obtener contribuciones equivalentes de retiro de sus empleadores para pagar esa deuda—, aumenta la edad para las distribuciones requeridas de los planes y amplía un crédito al ahorrador deducible de impuestos.
Sin embargo, como ocurre con muchos proyectos de ley de presupuestos de gran calado que apenas se someten a consideración pública, las disposiciones de la legislación también benefician a intereses corporativos con un fuerte interés financiero en sus resultados.
“Algunas de estas disposiciones son buenas y queremos ayudar a la gente que quiere ahorrar, pero esto trae una gran ayuda para el sector de los servicios financieros”, afirmó Monique Morrissey, economista del progresista Economic Policy Institute de Washington. Algunas partes del proyecto de ley, agregó, están “disfrazadas de incentivos al ahorro”.
Daniel Halperin, un profesor de derecho en Harvard que se especializa en política fiscal y ahorros para la jubilación, afirmó que uno de los beneficios más claros para el sector es una disposición que aumenta gradualmente la edad para las distribuciones obligatorias, de 72 a 75 años.
“El objetivo es dejar ese dinero ahí el mayor tiempo posible”, para poder cobrar las tasas administrativas, añadió. “Para las personas que tienen ahorrados entre 5, 7 y 10 millones de dólares, las empresas siguen cobrando tarifas. Es una locura permitir que lo dejen ahí”.
Empresas como BlackRock Funds Services Group, Prudential Financial, Pacific Life Insurance y grupos de cabildeo empresarial como Business Roundtable y American Council of Life Insurers son sólo algunas de las entidades que presionaron a los legisladores para que aprobaran la iniciativa Secure 2.0, según muestran las divulgaciones del cabildeo en el Senado.
