El gobierno de Perú declaró este domingo el estado de emergencia en los departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua por 60 días, y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cuzco, Puno y Tacna para controlar las protestas que han dejado 69 muertos.
A través de un decreto publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.
La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional y se incluye Arequipa.
Asimismo, el gobierno decretó a medianos de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son once departamentos los que permanecen en estado de emergencia.
El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos “los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales”.
La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, “con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las Fuerzas Armadas”.
Detalla que la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.
El documento también señala que la presidenta de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación”.
Por otro lado, el artículo tercero del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20:00 horas y las 4:00 de la madrugada, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.
Desde que iniciaron las protestas en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, 69 personas fallecieron, la mayoría de las cuales eran manifestantes que murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uno era policía, y otras por hechos relacionados con las movilizaciones.
La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de Defensa, Interior y Justicia.
