José Antonio Flores Vargas
Muchos pensaron en la salida de Javier Duarte del gobierno de Veracruz, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció a principios de 2016, las graves irregularidades cometidas por su administración, con respecto a 35 mil millones de pesos de recursos federales que le fueron transferidos en años anteriores.
Las denuncias presentadas por la ASF ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra varios de sus colaboradores, hicieron creer que era un tema que avanzaría en esa dirección.
El propio Auditor Superior declaró ante Carlos Loret de Mola en su noticiero matutino, que él mismo consideraba que Duarte debía ir a la cárcel. Los columnistas nacionales señalaron en ese tiempo, que varios altos políticos y funcionarios, recomendaban retirarlo del gobierno para no afectar la elección del 5 de junio.
Ante esa argumentación, diversos actores políticos se sumaron a una guerra que parecía perdida para Javier Duarte. El propio candidato del PRI a la gubernatura, enarboló la bandera de la destitución.
Sin embargo, nada sucedió con todo y el tremendo arsenal mediático. Algunas voces cercanas al presidente Peña Nieto salieron a difuminar esa intentona, al punto de dejarla en simple anécdota, como el mismo gobernador de Veracruz dijo alguna vez.
Vino la elección, que ganó Miguel Ángel Yunes Linares con la alianza PAN-PRD, más que nada, a causa de la furia y el rechazo social contra el priismo. Y llegaron otras denuncias, las del portal noticioso Animal Político y las del SAT con respecto a las ya famosas empresas fantasma.
Con toda esta podredumbre que se ha ido descubriendo mes con mes, lo que la sociedad clama, es el reintegro de los miles de millones de pesos que no aparecen, y desde luego, la cárcel para los culpables, y la gente tiene bien claro que no sólo Javier Duarte abusó de la confianza, sino también varios de los secretarios y colaboradores que él mismo nombró.
Apenas el martes pasado, con la mayor desvergüenza posible, el titular del ORFIS y el Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso veracruzano, aceptaron lo que hasta el cinco de junio no querían reconocer. El terrible endeudamiento del estado por más de 64 mil millones de pesos y las incuantificables irregularidades en el manejo de los dineros públicos en estos años.
Los veracruzanos demandan la aplicación de la Ley, que lleve a la devolución de los recursos defraudados y al encarcelamiento de Duarte, Deantes, Benítez, Aguirre, Del Castillo, Sandoval, Abdalá y todos los demás que estén implicados.
Sobre el rumor de ayer, la gente pregunta para qué sirve un desafuero del gobernador a 53 días de que entregue el cargo. Es mejor que la PGR, vigile que los implicados no tomen vuelo hacia los paraísos donde tienen los caudales robados a los veracruzanos.
Los rumores soltados para entretener, no hacen más que cansar a la sociedad y originar mayor repudio hacia la principal figura de ese teatro de ficción. Enrique Peña Nieto no debe seguir escupiendo para arriba. Veracruz requiere la acción firme y decidida de un verdadero hombre de estado. El gobierno priista se juega su continuidad. Para qué arriesgarla más.
