En los últimos años, los datos biométricos han sido el tema central de múltiples debates debido a la información sensible que pueden revelar y al uso que se les puede dar, especialmente desde las instituciones públicas.
El 14 de marzo de 2023 el asunto volvió a colocarse en el centro de las discusiones debido a un dictamen que aprobó la Cámara de Diputados para expedir la Ley General de Operación de los Registros Civiles, la cual le otorga a la Secretaría de Gobernación (Segob) la facultad para administrar todos los datos contenidos en la base del Registro Civil.
La información que estaría en disposición de la Segob sería el nombre, apellidos, sexo y género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad (o nacionalidades), Clave Única de Registro de Población (CURP) y los datos biométricos de las personas.
De acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), los datos biométricos son “las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona”.
En otras palabras, son características únicas e irrepetibles de los individuos, como la huella dactilar, las facciones del rostro, la estructura de las venas de la mano, el iris, la retina, la voz e incluso el ADN. A través de la lectura de estos, es posible conocer información sensible, desde el estado de salud hasta información genética e incluso el origen étnico y racial de una persona.
La justificación del dictamen avalado en San Lázaro es que la recolección y administración de este tipo de datos por la Segob, a través de un Consejo Nacional, ayudaría a homologar el funcionamiento de los registros civiles a lo largo del país, pues toda la información estaría desahogada en un Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID).
Sin embargo, entre algunos actores políticos y miembros de la sociedad civil surgieron algunas preocupaciones respecto al uso que la dependencia federal podría darle a dichos datos.
Esto debido a que la iniciativa plantea que la Segob diseñaría los mecanismos necesarios para que las entidades del sector público, privado y financiero puedan consultar y validar la información y los registros del SID.
No obstante, en ningún artículo del proyecto de decreto se especifica cuáles son los datos que almacenaría la Secretaría, de qué manera los obtendría ni la definición de lineamientos para proteger la información de las personas.
El documento únicamente establece que los datos biométricos serán considerados entre los datos de identidad de las personas inscritas en el SID “en los términos que establezca la Ley General de Población, conforme al procedimiento y disposiciones que emita la Secretaría”.
La propuesta fue aprobada con un total de 311 votos a favor, de los cuales 187 fueron emitidos por legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 54 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 40 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 29 del Partido del Trabajo (PT) y uno del Partido Acción Nacional (PAN). Con la luz verde que le dieron las y los diputados, la propuesta pasará al Senado de la República para continuar su discusión.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la Segob pretende tener acceso a los datos biométricos de la ciudadanía. A inicios de 2020, cuando la dependencia estaba encabezada por Olga Sánchez Cordero, intentó obtener dicha información a través el Instituto Nacional Electoral (INE).
Fotografías del rostro y huellas dactilares de la ciudadanía eran parte de los datos que buscaba obtener la dependencia para la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana. Ante la negativa del INE, Sánchez Cordero aseguró que había otras entidades mediante las cuales podrían recolectarlos, como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
