Sin discusión de por medio, el pleno de la Cámara de Diputados derogó, a propuesta del Morena, parte del “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral para que estados y municipios no se vean limitados en sus gastos promocionales.
Con 470 votos a favor y una abstención, las y los diputados avalaron derogar y modificar parte del artículo 26 de la Ley de Comunicación Social, específicamente para eliminar el párrafo plasmado en el “Plan B” del presidente que establecía que, en las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social, no debía rebasar el 0.1% del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
Asimismo, se agregó un nuevo párrafo para indicar que las “Entidades Federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios contenidos en el artículo 5 bis de esta ley”, esto en último en referencia a los principios de austeridad.
El dictamen, enviado al Senado de la República para su análisis, fue modificado durante su discusión en la Comisión de Gobernación, ya que en un primer momento el grupo parlamentaria de Morena presentó una iniciativa para derogar la disposición, sin embargo, durante el proceso el diputado Mario Llergo, también de Morena, propuso una adición para eliminar dicho límite para estados y municipios.
Cabe señalar que tales cambios sólo aplican a nivel local, por lo que el gobierno federal, dependencias y organismos federales sí deberán mantener un límite de gastos en comunicación social equivalente al 0.1% de sus presupuestos anuales.
El documento, menciona que de subsistir la norma sin modificaciones, las entidades federativas podrían no contar con los recursos suficientes para informar adecuadamente a los ciudadanos sobre las acciones y programas de sus respectivos gobiernos, originando posibles vulneraciones al derecho de acceso a la información.
Añade que la iniciativa objeto del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, tiene sustento constitucional en el artículo 134, párrafo octavo, donde se establece que la propaganda gubernamental tendrá un carácter institucional con fines informativos, exenta de promociones políticas y agendas personalizadas.
Al presentar su modificación, el diputado Mario Llergo (Morena) consideró que es necesario dotar a estados, municipios y demarcaciones territoriales de elementos presupuestales para fortalecer el derecho al acceso a la información sobre las acciones de gobierno que tienen las y los ciudadanos, consagrado en el artículo 6° constitucional.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) se manifestó a favor de la propuesta al considerar que el dictamen original removía ese párrafo para que no hubiera confusión en el ejercicio del gasto en comunicación social.
El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN) dijo que iría en abstención porque los dos párrafos últimos del artículo 26 son parte de la acción de inconstitucionalidad presentada por algunos diputados y sobre la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará qué sucederá con este artículo.
