El Gobierno de México replicó este jueves a las acusaciones de que espía a periodistas y defensores de derechos humanos con el sistema Pegasus, surgidas por los documentos obtenidos por el hackeo del colectivo Guacamaya a servidores de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en un comunicado que las acusaciones carecen de sustento porque lo revelado aparece en documentos que no están firmados, signados o avalados por alguna autoridad, por tanto, no tienen validez legal.
El 29 de septiembre de 2022, Latinus dio a conocer que un grupo de hacktivistas autodenominado Guacamaya extrajo seis terabytes de información entre las que había comunicaciones, tarjetas informativas, contactos y miles de correos electrónicos. Entre la información más sensible estaba el estado de salud del presidente, que requirió una hospitalización de emergencia en enero de ese año.
A la mañana siguiente, en su conferencia matutina López Obrador validó la información. “Pues es cierto. Hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información, mediante estos mecanismos modernos extraen archivos”.
En esa ocasión, López Obrador abrió la conferencia refiriéndose directamente la fuga de información. “Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado”. El hecho de que sufrió un padecimiento cardiaco en enero de 2022 que requirió el traslado en helicóptero desde Palenque al hospital Central Militar porque había riesgo de infarto, también fue avalado por el mandatario.
En la conferencia matutina de este jueves, el presidente López Obrador se pronunció sobre un reportaje presentado por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales respecto a que una estructura secreta de la Sedena espió al activista Raymundo Ramos. La información fue obtenida de los documentos presentados por
Al respecto, el mandatario dijo que se trata de trabajo de recopilación de información para la seguridad, llevado a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen), además, dijo que más tarde se daría mayor información al respecto.
Posteriormente, se publicó un comunicado que busca poner en duda la veracidad de algunos de los documentos obtenidos por Guacamaya.
“Los formatos de documentos dados a conocer por el ciberataque pudieron haber sido alterados por cualquier persona ajena a las Fuerzas Armadas con el objeto de dañar precisamente al Ejército“, señala el comunicado, que lleva por título “Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional”.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales evidencia labores de espionaje en contra del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, llevado a cabo por una entidad llamada Centro Militar de Inteligencia.
El hackeo de Guacamaya mostró tarjetas de ese organismo, que no aparece en la estructura formal de la Sedena, en las que se detallaban las actividades de Ramos a raíz de que su teléfono fue infiltrado.
En un comunicado, la presidencia señaló que “no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial”.
