Veintiún personas, entre ellos altos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y empresarios, fueron detenidos en relación con una trama de corrupción en la comercialización internacional de hidrocarburos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), informó el sábado el fiscal general.
En una rueda de prensa, el fiscal Tarek William Saab afirmó que en ese caso está involucrada directamente la superintendencia nacional de criptoactivos (Sunacrip), donde —indicó— se logró detectar una red de funcionarios que valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones comerciales petroleras paralelas a PDVSA.
De acuerdo con las investigaciones, la superintendencia suscribía contratos para la carga de crudo en buques sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, violando las normas legales, y una vez comercializado el petróleo, se incumplió con los pagos correspondientes a la petrolera generando un importante daño patrimonial, señaló Saab, sin mencionar un monto.
La declaración del fiscal general se produce cinco días después que el otrora poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, renunció en medio de señalamientos de corrupción contra algunos de sus más cercanos colaboradores. El Aissami, que también fungía como vicepresidente sectorial para el Área Económica, argumentó que renunció para acompañar y respaldar totalmente las investigaciones.
Por ahora, El Aissami, que llegó a ser uno de los ministros de confianza de Maduro, no enfrenta cargos.
La renuncia de El Aissami, sancionado por Estados Unidos por presunto narcotráfico, se anunció dos días después de que el Ministerio Público designó a cinco fiscales para indagar los presuntos ilícitos investigados por la Policía Nacional Anticorrupción.
Entre los diez funcionarios detenidos, según el fiscal general, figuran el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA; el diputado oficialista y exministro de Alimentación, Hugbel Roa, uno de sus más antiguos colaboradores, y Joselit Ramírez, superintendente nacional de Criptoactivos.
Ramírez también se desempeñó, bajo el mando de El Aissami, como director general de la vicepresidencia y director del despacho del Ministerio de Industria y Producción Nacional.
A los detenidos, entre los que figuran 11 empresarios, se les imputarán los cargos de apropiación o distracción de patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir, detalló Saab. A los funcionarios públicos se le sumará el delito de traición a la patria, agregó.
