En diversos sectores sociales existe preocupación porque en estos días se cumplen más de dos años de la desaparición de Crescencio Vera Vidal, exalcalde de Tepetzintla; se cumplen 5 meses de la desaparición de Francisco Fernández Morales, El Potro, excandidato a alcalde de Actopan y dirigente del Movimiento de Resistencia Chucho El Roto y, además, se cumplen casi dos meses de la desaparición de Julio César Gómez Ovando, expresidente municipal de Naranjos.
Son tres casos considerados de carácter político, sin solución y sin información del paradero de estas personas, sin embargo, son miles los casos que tampoco tienen solución, ni información a las familias afectadas, si bien es cierto que las autoridades que atienden estos asuntos se reúnen casi cada semana en una Mesa de Seguridad y Bienestar (COESCONPAZ).
Y esta situación genera disgusto y desconfianza en las autoridades. Porque, mientras el gobierno de Veracruz prioriza y organiza fiestas y eventos musicales y distractores en los cuatro puntos cardinales, el territorio entero se viste de crímenes y delitos de todo tipo, ante los cuales muy poca efectividad muestran los funcionarios de la seguridad pública y la fiscalía estatal.
Esto ha sido motivo de frecuentes informaciones periodísticas en las que se comunican a la población las alarmantes cifras que se presentan en esta entidad, cifras que son acompañadas por las frecuentes noticias sobre delitos de todo tipo, que circulan las 24 horas en las redes sociales, generando un estado permanente de alarma e intranquilidad en la sociedad.
La preocupación y la zozobra se incrementan porque estos sucesos fuera de la ley ocurren también a personajes, como los señores mencionados, que cuentan con miles de seguidores y cuyo liderazgo regional ha sido reconocido o identificado en años recientes.
Esta circunstancia, analizada por las familias, mueve a pensar que un ciudadano indefenso ante este tipo de hechos cuenta con menor capacidad de movilización o de presión para conseguir apoyo o respuesta del gobierno, provocándole a él y a su gente cercana, un mayor sentimiento de inestabilidad y vulnerabilidad. Y cualquier persona puede concluir en que así no se puede tener confianza en las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, hasta finales de 2022, y en un conteo desde 1964 hasta esa fecha, en nuestro país había 109 mil 375 desaparecidos o no localizados, y que de este total general, un poco más de 14 mil correspondieron solamente a los registrados en el año de 2022 (el 13.1% del total).
También cabe mencionar que los estados con más desapariciones son los de Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz, ocupando este último un desafortunado cuarto lugar nacional con 7 mil 438 desaparecidos.
Por su parte, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, perteneciente a la UV, informó que, de enero a octubre de 2022, se generaron en esta entidad federativa las siguientes cifras: 77 feminicidios, 71 homicidios dolosos, 138 homicidios culposos, 556 desapariciones, 12 secuestros y 403 agresiones de otro tipo, con un nivel de impunidad del 65.56 por ciento.
Para alarmarnos aún más, se ha dado a conocer el número de fosas de cadáveres en el país, reportadas por la Comisión Nacional de Búsqueda: 2,710 fosas clandestinas, de las que 647 fosas se ubican en territorio veracruzano.
Por eso puede afirmarse que Veracruz se encuentra en rojo, y que de manera urgente hace falta una mayor atención de los funcionarios responsables. Si no les mueve la solidaridad, tendrían que recordar que el año próximo será un año de elecciones federales y estatales y que los ciudadanos, los que protestan y los que callan, harán valer su voto en las urnas.
Cabría hacer esta pregunta: ¿cómo será la respuesta que en junio de 2024 recibirá el gobierno cuitlahuista de los miles de veracruzanos inconformes y decepcionados con la 4T y con el partido Morena?
