Con más de 4.300 empresas, la industria de seguridad privada de México es la segunda más grande de Latinoamérica, según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp).
La industria mexicana genera más de un millón de empleos directos y supone el 1,3 % del producto interior bruto (PIB) del país, indicó la Amesp en un comunicado.
Brasil, con 2.500 empresas, y Colombia, con 420.000 empleos, más de toda su fuerza pública nacional, están en segundo y tercer lugar, de acuerdo con la asociación.
Mientras Brasil perdió cerca del 50 % de su industria de seguridad privada a raíz de la pandemia del coronavirus, Colombia cuenta con “los niveles de capacitación de sus elementos más reconocidos de la nación”.
La seguridad privada se consolida en México mientras el país registró 30.968 asesinatos tras los 2 años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020, seguidos de 33.308 en 2021.
En su ponencia “Visión de la seguridad privada en América Latina”, el excónsul colombiano en México y especialista en seguridad Luis Oswaldo Parada comparó la salud de la industria mexicana con la de Colombia en las décadas de 1980 y 1990, cuando enfrentó el auge del narcotráfico.
Además, destacó la importancia de este sector económico en Latinoamérica, que en lo que va de siglo ha aumentado un 60 %.
Por lo tanto, determinó que cuanto más crecen las naciones en cuestión de infraestructura, desarrollo o tecnología, mayor es la demanda de seguridad privada.
No obstante, alertó de la falta de legislación y la ausencia de cámaras industriales que representen al sector.
En el caso mexicano, el exceso de autoridades fiscalizadoras contribuye a la informalidad, al soborno, a la inseguridad jurídica y la competencia desleal, consideró Parada.
Esto, a su vez, provoca que se encarezcan los costos de operación y que la mano de obra sea cada vez más escasa y costosa.
Para ponerle freno, propuso el experto, es necesario crear cámaras y gremios “sólidos y unificados” en el sector, que permita hacer “lobbying gubernamental y legislativo” para lograr leyes, laborales y tributarias, y estatutos favorables.
