La pandemia de COVID-19 dejó 16 millones más de niños y jóvenes pobres en Latinoamérica y causó un retroceso de 20 años en los indicadores pobreza.
Así lo advirtió en una entrevista la asesora regional de política social para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Mónica Rubio, durante una visita a Asunción.
Rubio aseguró que en 2018 había una incidencia del 38.2 por ciento de pobreza en la población entre 0 y 18 años, que se elevó a 46.5 por ciento como consecuencia de la crisis del COVID-19.
“Existen aproximadamente 87 millones de niños, niñas y adolescentes pobres en América Latina y el Caribe. Según estimaciones de Unicef y Save the Children, la pandemia de COVID-19 ha podido adicionar 15.9 millones de niños, niñas y adolescentes a las filas de la pobreza”, comentó.
A raíz de la crisis de COVID-19, Rubio observó una “fragmentación” en el acceso a la protección social en la región, es decir, a aquellos programas y políticas contra el desempleo, la falta de educación o que garantizan la salud.
El efecto de esa fragmentación se distingue entre los que tienen un empleo formal y quienes trabajan en la informalidad, aseguró.
El empleo formal, afirmó, brinda protección con seguros de salud, prestaciones familiares y acceso a una pensión por jubilación, algo que no tienen los trabajadores informales.
Como ejemplo, la experta mencionó que el 60.8 por ciento de las familias en América Latina utiliza recursos económicos propios para satisfacer las necesidades materiales y de alimentación de niños, adolescentes y jóvenes entre 0 y 24 años.
De ese total, el 17.9 por ciento es financiado por los Estados, de acuerdo con la cifras de la Unicef.
En contraste, señaló que en países como Finlandia el Estado financia el 49.1 del consumo de los niños, adolescentes y jóvenes.
“Desde la licencia maternal, la licencia paternal, los programas de transferencias a las familias para los niños, los servicios de cuidado infantil, la escuela pública, la salud pública de buena calidad. Todo eso, es una apuesta de protección social”, expresó.
En ese contexto, consideró que “acabar con la pobreza infantil es una decisión de política pública que trae productividad y crecimiento a futuro”.
Incluso, opinó, “es una decisión de política pública evitar” que “un niño tenga que trabajar o una niña prostituirse para poder comer”.
