Un juez federal dio por concluido el proceso penal que se inició contra cinco científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados de delincuencia y lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha intentado en dos ocasiones la aprehensión de 31 académicos por dichos delitos y que éstos fueran recluidos en Almoloya de Juárez, Estado de México, un penal de alta seguridad, pero el juez lo negó debido a la falta de argumentos legales para liberar una orden de aprehensión.
Durante la sesión del pasado 11 de mayo, por unanimidad, el segundo tribunal colegiado de apelación con residencia en el Estado de México confirmó la sentencia de Gregorio Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, quien en septiembre de 2021 negó a FGR una orden de aprehensión contra los investigadores al no existir delitos que perseguir.
En dicha sentencia se determinó archivar el caso en favor de los cinco científicos imputados: José Franco, Julia Tagüeña, Gabriela Dutrénit, Teresa de León y Marcial Bonilla, y ha ordenado que el proceso sea cerrado y archivado.
El segundo tribunal colegiado confirmó que no existen delitos que perseguir contra los señalados y dio la razón a los cinco investigadores que solicitaron el sobreseimiento de su caso.
La denuncia contra los científicos del Conacyt
El 10 de julio de 2021, la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a través de una representante legal, presentó una denuncia en contra de 31 científicos, investigadores, académicos e integrantes del personal administrativo del consejo, a quienes originalmente señaló por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El 24 de agosto del mismo año, el Ministerio Público solicitó al juez una orden de aprehensión en contra de los imputados, a quienes también señaló por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Lo anterior, por presuntamente desplegar, “de forma permanente y reiterada”, 244 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, con la supuesta finalidad de beneficiar indebidamente a todos sus integrantes durante los años 2013 y 2019.