Hay que reconocerlo, no son buenos tiempos para la democracia liberal. El próximo domingo, España enfrentará una de las pruebas más complejas desde la transición democrática.

Llegó la hora. Siempre se tuvo el reflejo francés, donde, a pesar de diversos amagos, la responsabilidad de las fuerzas políticas tradicionales, han impedido que llegue al poder Marine Le Pen, pero el caso español en este momento es distinto, en particular porque ya hay acuerdos de gobierno a nivel regional entre la derecha tradicional y los radicales. 

Era como un fantasma, una posibilidad acaso remota, pero que tiene los rasgos de un pronóstico, que se ancla en el desencanto de diversos sectores en la democracia, en sus gobiernos y en los lastres que dejó la alianza del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Podemos y las formaciones nacionalistas. 

Es una trampa, por supuesto, alimentada en mentiras contra el gobierno de Pedro Sánchez, en tergiversaciones sobre la economía, pero sobre todo en la insistencia de insistir en el problema de Cataluña, pero sin valorar los avances políticos logrados entre la Moncloa y la Generalitat. 

Sánchez, luego de resultados nada halagüeños para el PSOE, decidió jugar todas sus fichas para obligar a las izquierdas y a las organizaciones progresistas en la definición sobre el futuro de España y por eso llamó a elecciones.

Pronto sabremos si el todavía presidente atinó en su lectura política de la situación o si, por el contrario, solo precipitó la llegada del Partido Popular (PP), pero con compañeros de ruta peligrosos. 

Lo que está en juego es si se abre la puerta a la ultraderecha en la formación de un gobierno nacional.

Lejos de ser anecdótico se puede convertir en central, porque uno de los escenarios probables es que el PP tenga que pactar con Vox los términos de la investidura de Alberto Núñez Feijóo si le favorecen las urnas, como pronostican la mayoría de los sondeos. 

Vox es una formación política que niega los avances en igualdad, le molestan los migrantes, repudia a las lenguas distintas al castellano, es machista, xenófobo y, entre otros asuntos preocupantes, tiene una añoranza explícita en la dictadura de Francisco Franco y lo expresan con su rechazo a las leyes de memoria histórica y democrática.

Es evidente que un acuerdo tendrá que materializarse en compromisos que el PP tendrá que asumir con Santiago Abascal y que ello tendrá un costo inmediato en políticas públicas y ante problemas puntuales, algunos de ellos de alcance europeo.

A España le toca presidir, por los próximos seis meses, el Consejo de la Unión Europea. Pedro Sánchez ha planteado prioridades relacionadas con una transición ecológica y medio ambiental que pueden ser saboteadas –aunque no suspendidas ni canceladas porque ninguno asunto central depende de un solo país– por la alianza del PP con Vox, porque los ultraderechistas no creen en el cambio climático y repudian los controles establecidos para priorizar la utilización de energías limpias. 

Pese a los malos augurios, aún tienen los socialistas, junto a sus socios de Sumar, la posibilidad de dar una pelea de altura e inclusive de resultar victoriosos.

Todo depende de que el mensaje sobre los riesgos de la ultraderecha en el poder haya quedado claro y que se aprecie, en toda su dimensión, el aporte de la democracia española a la propia Europa.

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