Autoridades en funciones de diferentes niveles cuando 43 estudiantes desaparecieron en 2014 en México supieron en todo momento lo sucedido a los jóvenes, pero lo ocultaron y manipularon la información, concluyó el martes un grupo de expertos que ha acompañado la investigación del crimen durante años.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que luego de llevar a cabo varias pesquisas y entrevistas, encontraron que había información que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, tuvo desde el primer momento y que fue manipulada o le fue ocultada deliberadamente al grupo.
Destacaron que no pueden seguir en las condiciones actuales, ya que la información se les oculta y es necesaria para avanzar. “El músculo del Estado estaba presente, actuaron y no protegieron, saben y sabían lo que pasó. El ocultamiento de esa información se ha constituido en sí mismo en una responsabilidad del Estado”, acusó Carlos Beristain, experto del GIEI.
Marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado supieron minuto a minuto, con monitoreo en tiempo real, el paradero de los jóvenes, pero obstaculizaron información y construyeron una versión falsa de los hechos, consideró el GIEI.
“El riesgo es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo que es inaceptable”, acusó Beristain y afirmó que “a pesar de la voluntad política inicial, cuando se llegó al núcleo duro de la verdad de nuevo prevaleció el ocultamiento”.
“Todos colaboraron para desaparecerlos”, acusó Carlos Beristain quien junto con la penalista Ángela Buitrago dio a conocer a periodistas nuevos hallazgos de sus investigaciones, previo a la presentación del sexto y último informe del grupo.
El GIEI concluyó, de acuerdo a su investigación, que marinos y militares habrían manipulado información relevante del caso en operaciones conjuntas que mantuvieron en secreto y reveló la existencia de videos donde se muestra como son amenazados, torturados y esposados presuntos involucrados en el caso.
La Marina ha dicho que su papel se ha concretado a operativos de búsqueda durante las pesquisas del gobierno. “Se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en Sedena”, indicaron los expertos.
Desde que ocurrieron los hechos en Iguala, el 26 de septiembre del 2014, padres de los estudiantes y sus abogados han acusado al Ejército y fuerzas de seguridad de ocultar información e, incluso, de estar directamente vinculados en la desaparición de los jóvenes.
En el extenso informe, el GIEI señala que durante horas cruciales del ataque a los jóvenes previo a su desaparición, un centro de información policial recibió al menos 500 llamadas telefónicas denunciando la agresión.
El reporte indica también que se identificó que soldados que habían dicho estar en descanso o en instalaciones militares la noche del ataque, estuvieron en sitios donde un grupo de los estudiantes habrían sido trasladado.
Buitrago explicó que documentos, fotografías y testimonios también relevaron que miembros de las secretarías de Marina y Defensa Nacional (Sedena) realizaron operaciones secretas en las que detuvieron a cinco presuntos criminales, hasta ahora desaparecidos, y la posible ejecución extrajudicial de otros dos detenidos.
“Regresamos con la promesa de que todos los archivos se abrirían. Esto ocurrió sólo parcialmente. Información relevante se siguió ocultando”, indicó dijo Ángela Buitrago.
El GIEI no dijo quienes podrían haber matado a esos dos detenidos ni explicó cómo llegaron a la presunción de que habrían sido ejecutados.
El informe señala que los expertos documentaron discrepancias en archivos internos de Sedena en los que se reportó el hallazgo del cadáver del estudiante Julio César Mondragón, quien fue desollado la noche del ataque en Iguala, lo que, según el reporte, abre serias dudas sobre la posible manipulación del cuerpo.
Al respecto, según el documento, Sedena respondió al GIEI, que concluye su acompañamiento en las investigaciones del gobierno el 31 de julio, que las diferencias de hora, lugares y batallón que informó sobre el hallazgo de Mondragón fueron registradas con un “error involuntario”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido descubrir la verdad en torno al presunto secuestro y masacre de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de que la investigación de su predecesor estuviera plagada de errores.
El año pasado, una comisión de la verdad creada por López Obrador calificó las desapariciones de “crimen de Estado” encubierto por miembros del gobierno. Sólo se han descubierto e identificado los restos de tres estudiantes.
