El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz contrató a una presunta empresa fantasma llamada Reso Sistemas Integrales y con ello crece la ola de corrupción que se ha ventilado en esa institución al paso de los años.
El supuesto consorcio comercial fue contratado el pasado 7 de septiembre para realizar una auditoría externa, revisión e inspección de índole financiera presupuestal, de legalidad, de desempeño u operativa de carácter extraordinario a los órganos fiscalizables del Poder Judicial.
Sin embargo, no existe información tributaria o fiscal de la empresa, y los únicos datos con los que cuenta la Secretaría de Economía es que entre sus principales actividades se dedica a la prestación de servicios de gestión integral de residuos, es decir, recolecta basura.
Entre los socios de la corporación sobresalen Ángel Ramírez Bretón funcionario legislativo durante el bienio yunista y actual notario público con residencia en Emiliano Zapata, así como José Alfonso Trujillo Manzano, Guiomar Velázquez Fajardo, Janet García Díaz y Víctor Manuel Salazar Colorado.
A pesar de las irregularidades de la empresa Reso Sistemas Integrales, los integrantes del Consejo de la Judicatura, los magistrados Lisbeth Jiménez Aguirre, Esteban Martínez Vásquez y Antonio Sobrevilla Castillo, así como los consejeros Humberto Hernández Reducindo y Claudia Galán Espinoza autorizaron el pago de los ‘servicios’ a la empresa con recursos del Fondo Auxiliar de ese órgano autónomo.
Aunque el Poder Judicial cuenta con su propia Contraloría Interna, para precisamente observar el cumplimiento del correcto funcionamiento de cada área, decidieron contratar a la empresa Reso Soluciones Integrales manteniendo oculto el monto pagado a la sociedad comercial.
La auditoria se centrará en la Dirección de Administración, a cargo de Joana Bautista Flores, sobre su gestión en el uso de los recursos públicos y asignación de contratos, funcionaria que ha sido señalada en diversas ocasiones del manejo opaco de los dineros públicos a su cargo, a ser proclive al protagonismo laboral y a las banalidades que difunde en sus redes sociales, principalmente las relacionadas con el partido Morena.
Y aunque todos los contratos deberían pasar por la Dirección de Administración, en este caso, fue el Consejo de la Judicatura quien lo hizo de manera directa para investigar presuntas irregularidades en esa área, en la que también se comenta que los expedientes de las licitaciones son utilizados como rico filón para medrar.
Empresa de papel o fantasma
Víctor Manuel Salazar es quien aparece como representante legal de la empresa y, al mismo tiempo, “asistente legislativo” del Congreso veracruzano, adscrito a la oficina de la del Grupo Legislativo del PAN como consta en documentos oficiales que pueden consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia.
