Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una empresa del Estado que vende combustibles y opera terminales aéreas, pagó más de 407 millones 506 mil pesos por las marcas de Compañía Mexicana de Aviación y Aerovías Caribe, que pasaron de las empresas a manos de sus trabajadores sindicalizados por la quiebra de las aerolíneas en 2014.
“(ASA y los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores en tierra) están de acuerdo que el precio de la presente operación es el valor de los derechos de propiedad de propiedad industrial y los derechos de propiedad intelectual determinado por un avalúo del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales (INDAABIN)”, se indica en el contrato de compra en poder de Forbes México.
El 29 de mayo pasado, el Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales determinó que valían más de 407 millones 506 mil pesos las 334 marcas, registros marcarios recuperados y obras (libros) propiedad de Compañía Mexicana de Aviación y Aerovías Caribe.
Julio Enrique Álvarez Villa, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de ASA, fue el encargado de pactar la adquisición de las marcas ligadas a Mexicana de Aviación, la cual da ahora nombre a la aerolínea del Estado, operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Y los encargados de la venta de las marcas Mexicana de Aviación fueron Ada Hermelinda Salazar Loza, secretaría general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA); José Humberto Gual Ángeles, secretario de general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de Méxica (ASPA), y Miguel Angel Yúdico Colin, líder del sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS).
Los líderes sindicales afirmaron que era su voluntad transmitir la titularidad de todos y cada uno de los derechos de propiedad industrial y los derechos de propiedad intelectual, así como “cualquier derecho y título que en consecuencia del trámite otorgue la autoridad competente, en los términos y condiciones” que se señalan en el contrato.
“Manifiestan que con fecha 7 de julio de 2023 se levantó quedó sin efectos legales el embargo trabado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) sobre todas y cada una de las marcas y avisos comerciales objeto de este contrato, lo cual se hizo del conocimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en esta misma fecha”, señala el contrato de compra de las marcas de Mexicana de Aviación.
Desde su creación en 1965, ASA ha participado en el mercado nacional del combustible (turbosina y gasavión) para el transporte aéreo y opera y administra 19 aeropuertos: Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Chetumal, Colima, Guaymas, Ixtepec, Loreto, Matamoros, Nogales, Nuevo Laredo, Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y Uruapan.
Desde el 15 de agosto, la paraestatal es dueña y propietaria de las 334 marcas, registros marcarios recuperados y obras de Mexicana: “ASA en este acto acepta y confirma a su entera satisfacción la transmisión y adquiere para sí los derechos de propiedad industria y los derechos de propiedad intelectual, que derivan por la celebración del presente contrato”.
El 6 de julio de 2017, la Junta Especial Tres Bis de la Federación de Conciliación y Arbitraje ordenó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial embargar más de 450 marcas propiedad de Compañía Mexicana de Aviación.
Entre las marcas embargadas estuvieron las Mexicana Airlines, Mexicana MRO Services, La primera siempre la primera, Capitán Turbina, Mexicana Inter, Mexicana Tours, Mexicana Charters, Mexicana Cargo, Mexicana Express, Click Mexicana, VTP, Mexicana Link, Mexicana, Vuelo Tecolote, MX, entre otras más.
También estaban embargadas las cuentas bancarias, propiedades, los permisos de slots del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las autorizaciones para vuelos internacionales y otros activos de la empresa, que dejó de operar desde 28 de agosto de 2010.
El 10 agosto pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció un “acuerdo histórico” con los 7 mil 407 trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación, a quienes pagaría 815 millones de pesos para que el Ejército use la marca para su nueva aerolínea comercial.
La operación incluiría también tres inmuebles y un simulador de vuelo, y el dinero se distribuirá entre todos los exempleados que estaban en lucha desde hacía 13 años, cuando quebró la entonces aerolínea más importante de México, indicó Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.
