La violencia por la disputa entre dos grandes cárteles de la droga se extiende por Chiapas con nuevos ataques a las fuerzas de seguridad y más civiles afectados por la violencia.

La fiscalía estatal investiga la emboscada a una unidad militar que, según se informó el domingo por la noche, dejó un muerto y dos heridos el sábado, cuando el Ejército patrullaba en la localidad de Maravilla Tenejapa, una zona limítrofe con Guatemala.

La fiscalía también investiga otro ataque sin víctimas a unas instalaciones de ese departamento en la región de la costa.

Ambos sucesos fueron posteriores a otros ataques ocurridos en cuestión de días, todos ellos vinculados al enfrentamiento que mantienen el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de esta estratégica región por el tráfico de migrantes, drogas y armas.

“Es muy difícil determinar cifras, porque la gente no quiere dar testimonios”, explicó Luis Abarca, del Comité Digna Ochoa. “Maravilla Tenejapa —donde ocurrió la emboscada a los uniformados— es zona delincuencial desde sus orígenes; ahí operaron grupos paramilitares y es muy complicado obtener información”.

Sin embargo, aseguró que ha habido varios miles de desplazados en los últimos meses por la violencia.

Los pobladores suelen salir de sus casas cuando se intensifican los enfrentamientos para hospedarse con familiares hasta que la situación se tranquiliza.

Pero la tranquilidad parece cada vez más escasa en Chiapas.

Según explicó a AP una vecina de Las Nubes, una población en el municipio Maravilla Tenejapa, el domingo llegaron muchas personas huyendo de la zona de los ataques.

La mujer, que pidió el anonimato por miedo y que se encuentra ahora en otro municipio, precisamente por seguridad, sigue en contacto con los familiares que permanecen en Las Nubes. Ellos le contaron que dieron alojamiento y comida a los desplazados y que iban a tener reunión ejidal para tomar medidas y ver qué pueden hacer.

El mismo domingo se inició una petición pública en Change.org, una plataforma virtual de solicitudes de ayuda, donde se denunció la huida de cientos de familias de una docena de comunidades de ese mismo municipio de Chiapas.

Las cifras no han sido corroboradas por organizaciones independientes, pero distintos colectivos de derechos humanos del estado llevan meses hablando de continuos desplazamientos forzados debido a la violencia vinculada al crimen organizado.

“Los grupos violentos vienen atacando a la población que ha tenido que refugiarse en comunidades de municipios cercanos”, dice el escrito de Change.org. “La situación es crítica, por lo que demandamos la ayuda y asistencia humanitaria a la brevedad”.

Justo después de la emboscada a los militares el sábado por la noche, en otro extremo de Chiapas, hombres armados atacaron la base de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Mapastepec, en la costa, un punto de paso de miles de migrantes.

El departamento no reportó víctimas. Tampoco hizo mención en su comunicado a unas fotografías divulgadas en redes en las que se ven cartulinas presuntamente dejadas en ese lugar con mensajes intimidatorios procedentes del crimen organizado.

Previamente, el viernes había sido atacada una estación policial, con el resultado de un agente muerto y dos heridos en el municipio de Chiapa de Corzo, más en el centro de la entidad.

Además, continúa la búsqueda de 10 comerciantes guatemaltecos, entre ellos un menor de edad, desaparecidos en el municipio de Frontera Comalapa.

Los enfrentamientos entre los cárteles se habían concentrado sobre todo en el área de Frontera Comalapa, punto de partida de una de las rutas más importantes para los distintos tráficos ilegales en el sur de México.

Sin embargo, ahora los choques armados entre los grupos criminales y en ocasiones con fuerzas de seguridad durante operativos se han extendido a otras localidades de la región.

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