Los ocho militares acusados de haber participado en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron puestos en libertad durante la madrugada de este miércoles luego que una jueza de distrito ordenó que pudieran seguir el proceso en libertad.
César Omar González, abogados de los elementos castrenses, explicó en entrevista radiofónica que la liberación sucedió hacia las 3:00 horas del 24 de enero en el Campo Militar Marte No.1 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego que los imputados pagaron una fianza de 50 mil pesos y entregaron sus pasaportes a la autoridad.
“Ya deben estar todos en sus casas o deben estar por llegar y deben estar preparándose para lo que sigue después en el juicio para defenderlos y demostrar su completa inocencia”, afirmó el litigante.
Luego de darse a conocer que los militares llevarían su proceso en libertad, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, difundió una carta con fecha 12 de diciembre de 2023, en la que advierte a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, sobre el riesgo de fuga que implicaría la liberación de los militares.
En ese sentido, el abogado González consideró que esta misiva fue un sin sentido por parte del gobierno federal toda vez que la ministra Piña no tiene injerencia en las decisiones de los tribunales colegiados ni en los juzgadores de distrito.
“El hecho de que la secretaría de Gobernación envíe cartas a la ministra presidenta pues francamente no tiene ningún el valor. Ella no es parte en el proceso entonces es un sinsentido jurídico”, apuntó.
Militares llevarán su proceso en libertad
Durante este fin de semana, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ordenó la libertad provisional a ocho militares y además les fijó una garantía de 50 mil pesos así como entregar sus pasaportes y firmar periódicamente en el campo militar Marte No.1 de la Ciudad de México.
De acuerdo con la FGR, los militares habrían estado en la nómina del grupo delincuencial Guerreros Unidos, y que es el cártel al que se le atribuye la desaparición de los estudiantes normalistas.
Ante esta decisión, la FGR anunció que interpondrá una denuncia contra la jueza a la par que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) criticó la influencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la liberación de los elementos castrenses.
